Tegucigalpa, Honduras. – El ministro de Defensa, Roosevelt Hernández, rechazó categóricamente la solicitud aprobada por el pleno de diputados autoconvocados para que las Fuerzas Armadas capturen al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, calificando la pretensión como «un disparate» que ignora el estado de derecho y la institucionalidad del país.
La controvertida moción fue aprobada el jueves por legisladores que se atribuyen a Redondo la autoría intelectual de desconocer los resultados de las elecciones generales, tras convocar una sesión sin quorum donde un grupo minoritario oficialista aprobó un decreto que invalida la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hernández fue enfático al señalar los límites constitucionales de las Fuerzas Armadas ante esta pretensión. «Hay un estado de derecho, para eso está la institucionalidad y están las instituciones competentes, las Fuerzas Armadas no es para eso, definitivamente a eso yo le llamaría un disparate», declaró el ministro, dejando claro que el ejército no participará en acciones que excedan sus atribuciones legales.
El titular de Defensa explicó que cuando se presume la existencia de un delito, las instituciones competentes para actuar son la Policía Nacional y el Ministerio Público, no las Fuerzas Armadas. Esta aclaración representa un recordatorio directo a los legisladores sobre los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico hondureño para el procesamiento de presuntos delitos.
Hernández insistió en que deben seguirse los procedimientos correspondientes conforme a la ley, rechazando implícitamente cualquier intento de utilizar a las Fuerzas Armadas para resolver conflictos políticos o institucionales que corresponden a otras instancias del Estado.
Los diputados del pleno autoconvocado habían condenado el jueves la conducta de Redondo, quien en su calidad de presidente de la Comisión Permanente convocó a una sesión extraordinaria que derivó en la suplantación de atribuciones del CNE al aprobar un decreto que desconoce la declaratoria electoral oficial.
«Se incurre en una acción punible que pretende que el pleno conozca un informe e incurra en la suplantación de las atribuciones de la declaratoria de elecciones generales», había leído la diputada Maribel Espinoza durante la sesión donde se aprobó la moción de captura, argumentando que las acciones de Redondo constituyen delitos que merecen persecución penal.
La posición del ministro de Defensa representa un freno institucional a las pretensiones del pleno legislativo de involucrar a las Fuerzas Armadas en la crisis política generada por el desconocimiento de los resultados electorales. Al rechazar la solicitud de captura, Hernández reafirma el principio de que las instituciones militares no deben ser instrumentalizadas para resolver disputas entre poderes del Estado o para ejecutar acciones que corresponden al ámbito de la justicia ordinaria.
La declaración del ministro evidencia la complejidad de la crisis institucional hondureña, donde distintos sectores del gobierno y del Legislativo mantienen posiciones contradictorias sobre la legalidad de las acciones emprendidas por Redondo y el grupo minoritario de legisladores oficialistas, mientras organismos internacionales continúan expresando preocupación por el deterioro del estado de derecho en el país.
