Tegucigalpa, Honduras – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández, juramentó este lunes a los cinco miembros de la Comisión Técnica Liquidadora encargada de ejecutar el cierre definitivo de las instituciones y programas suprimidos mediante el PCM 004-2026, publicado en La Gaceta.
Los integrantes de la comisión son: Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla. Este equipo tiene la responsabilidad de llevar adelante la liquidación administrativa y financiera de las entidades eliminadas, incluyendo el traslado de recursos presupuestarios para cubrir el pago de indemnizaciones laborales y otras obligaciones pendientes.
Entre las instituciones y programas que serán liquidados se encuentran la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Agroalimentaria (Sedecoas), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Red Solidaria, Convivienda, Fosovi, entre otros.
De acuerdo con la normativa aprobada, la comisión podrá efectuar los pagos correspondientes de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como atender obligaciones contraídas con acreedores, proveedores y otras deudas pendientes, con el objetivo de garantizar la liquidación total de las instituciones suprimidas. Todas las operaciones realizadas deberán quedar debidamente registradas y reflejadas en los sistemas presupuestarios y financieros del Ejercicio Fiscal 2026.
El decreto ejecutivo establece además que la o las comisiones técnicas liquidadoras asumirán, con el presupuesto asignado para tal fin, cualquier obligación financiera que surja posteriormente en instancias administrativas o judiciales derivadas de los actos realizados durante el proceso de liquidación de secretarías de Estado, entes desconcentrados, programas, institutos y direcciones modificadas o eliminadas.
Finalmente, la norma protege a los miembros de la comisión, funcionarios y empleados que intervengan en los actos administrativos: no serán responsables de forma personal o solidaria por las decisiones tomadas en el marco de este proceso.
Con esta juramentación, el gobierno avanza en la implementación del reordenamiento institucional anunciado en las últimas semanas, enfocado en eliminar duplicidades, reducir gasto innecesario y redirigir recursos hacia áreas prioritarias para la población.
