Tegucigalpa – En respuesta al informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, defendió la vigencia del estado de excepción y no descartó su posible prolongación.
Sánchez enfatizó que su administración no tolera actos ilegales y describió el estado de excepción como una herramienta jurídica esencial que otorga competencias especiales a la Policía Nacional, con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía.
Sánchez destacó que desde la implementación del estado de excepción, la tasa de homicidios ha disminuido en casi 10 puntos, con una proyección de reducción adicional de seis puntos. También mencionó la incautación de más de cuatro toneladas de cocaína este año como prueba del éxito de las medidas implementadas.
Cuando se le preguntó sobre la duración futura del estado de excepción, Sánchez confirmó que ya se ha extendido por 45 días más y que, aunque no puede prever su continuidad el próximo año, no descartó futuras extensiones debido a su importancia para las operaciones policiales.
El ministro calificó el informe de la ASJ como «sesgado» y cuestionó la objetividad de la organización, afirmando que la ASJ había colaborado con el «narco gobierno» anterior, del cual el actual gobierno se ha distanciado. Sánchez sugirió que las críticas de la ASJ reflejan un cambio positivo, ya que anteriormente la organización guardó silencio durante eventos controvertidos como el fraude electoral de 2017.
Sánchez defendió la transparencia y el respeto a los derechos humanos de su administración, señalando la captura de 34 miembros de la carrera policial involucrados en actividades ilícitas solo este año. Invitó a la ASJ a compartir cualquier información específica sobre abusos para que se puedan tomar medidas adecuadas.
Desde la implementación del estado de excepción el 6 de diciembre de 2022, se han realizado más de 1.3 millones de acciones policiales y se han incautado más de 12,000 armas de fuego. Sánchez reconoció que la única información precisa en el informe de la ASJ es el número de personas capturadas por extorsión, que asciende a más de 400.
El ministro también criticó la metodología de la ASJ, acusándola de utilizar fragmentos de diversos informes y encuestas cuya credibilidad cuestionó. Reafirmó que su administración continuará enfrentando la criminalidad con todas las herramientas jurídicas disponibles, respetando la ley y los derechos humanos, y que, a pesar de las críticas, seguirán implementando las estrategias necesarias para mantener el orden y la seguridad en Honduras, con el estado de excepción como una herramienta clave.
