San Pedro Sula, Cortés, Honduras. – El caso por la sustracción de 88.6 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) entró en una nueva etapa judicial, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara requerimiento fiscal contra empleados y exempleados de la institución financiera por el delito de malversación imprudente.
La nueva acción penal surge de las investigaciones derivadas del proceso contra la exfiscal Francia Sofía Medina, quien ya fue declarada culpable por la sustracción ilegal de fondos que permanecían bajo resguardo como evidencia.
El requerimiento fue admitido por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que esta línea investigativa nace directamente del expediente seguido contra Medina, al establecerse posibles incumplimientos administrativos dentro del BCH.
“Esta es una línea de investigación que parte del caso que se seguía contra la exfiscal Francia Sofía Medina, que como todos sabemos fue acusada y encontrada culpable de sustraer ilegalmente más de 88 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central”, indicó Mora al noticiero TN5 de Televicentro.
De acuerdo con el MP, los señalados habrían incumplido procedimientos internos para el manejo, devolución y entrega de evidencias, lo que presuntamente facilitó la comisión del ilícito.
Las autoridades informaron que cuatro imputados fueron detenidos en San Pedro Sula, mientras una persona fue capturada en Choluteca y trasladada hacia la zona norte para comparecer ante los tribunales.
Además, tres funcionarios activos del BCH se encontraban en conversaciones con la Fiscalía para una posible presentación voluntaria.
“Hay dos personas más que están pendientes de ubicación y una tercera que está fuera del país”, detalló Mora.
Funcionarios y exfuncionarios incluidos en el requerimiento fiscal
El Ministerio Público incluyó en el requerimiento a las siguientes personas señaladas en el texto proporcionado:
| # | Nombre | Cargo o condición |
|---|---|---|
| 1 | Ana Cristina Oliva Cáceres | Exgerente del BCH en San Pedro Sula |
| 2 | Virgilio Antonio Villalobo | Exjefe de la División de Operaciones |
| 3 | Aracely O’Hara Guillén | Exgerente del BCH |
| 4 | Carlos Fernando Ávila | Gerente activo del BCH |
| 5 | Horacio Armando Laínez Pineda | Exsubgerente de Operaciones |
| 6 | Alex Geovani Caballero | Incluido en el requerimiento fiscal |
| 7 | Luis Arturo Avilés Moncada | Incluido en el requerimiento fiscal |
| 8 | Edgardo Antonio Álvarez | Incluido en el requerimiento fiscal |
| 9 | Williams Edgardo Arévalo | Incluido en el requerimiento fiscal |
| 10 | Marco Tulio Nájera | Incluido en el requerimiento fiscal |
Aunque el Ministerio Público informó que el requerimiento fiscal alcanza a 11 empleados y exempleados, en el listado proporcionado figuran 10 nombres.
La representante legal de varios de los imputados, Ela Cueva, afirmó que su prioridad será garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de sus defendidos.
“Mi finalidad absoluta en este momento es garantizar los derechos de mis representados. Sabemos que es un proceso que inicia y tendrán que ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional para conocer los hechos por los cuales se les acusa”, expresó.
La abogada señaló que hasta ahora únicamente se han ejecutado órdenes de captura y que será durante las audiencias cuando se conozcan formalmente los detalles de la acusación.
“Todas las personas estamos sujetas a un principio de inocencia”, manifestó.
Cueva indicó además que en las próximas comparecencias judiciales deberá establecerse si existe alguna vinculación directa entre los imputados y las acciones cometidas por la exfiscal Francia Sofía Medina.
Con esta nueva acusación, la Fiscalía deja claro que las investigaciones por el millonario desfalco al Banco Central continúan abiertas y no se limitan únicamente a quien sustrajo los fondos.
La tesis del Ministerio Público apunta a que también podrían existir responsabilidades por acción u omisión entre quienes tenían el deber de aplicar controles internos para proteger los recursos y evidencias bajo custodia.
Las audiencias iniciales de los imputados están previstas para los próximos días en los tribunales con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, donde se presentarán los elementos recopilados durante esta nueva fase de investigación.
