Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público (MP) informó este lunes el aseguramiento de 104 bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas y relacionados con varios miembros de una familia en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque.
Las acciones son ejecutadas por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Entre los bienes asegurados figuran 40 vehículos, 38 productos financieros, 19 bienes inmuebles y siete empresas mercantiles, según detalló el ente acusador.
De acuerdo con la información oficial, los activos estarían ligados a un hondureño contra quien el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en mayo de 2025 y sobre quien pesa una alerta roja internacional.
Las diligencias también alcanzan bienes vinculados a su núcleo familiar, como parte de una investigación patrimonial orientada a establecer el origen real de los fondos y activos asegurados.
El Ministerio Público señaló que el principal investigado mantiene nexos y vínculos comerciales-financieros con Orlando Pinto Espino, considerado por las autoridades como uno de los líderes de la estructura criminal “Los Pinto”.
Según un informe de la unidad de inteligencia financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el investigado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras dentro del sistema financiero nacional.
Las autoridades sostienen que no se ha logrado establecer el origen de buena parte de esos recursos.
En particular, el análisis financiero identificó un vacío de justificación superior a 418 millones de lempiras, monto que, según las diligencias del Ministerio Público, no habría sido acreditado de manera lícita por los investigados.
De acuerdo con las pericias y análisis desarrollados, la hipótesis fiscal apunta a que dichos fondos podrían provenir de actividades ilícitas.
El aseguramiento de bienes forma parte de las acciones orientadas a impedir que activos presuntamente obtenidos mediante estructuras criminales continúen circulando o siendo utilizados dentro del sistema económico.
El caso representa un nuevo movimiento del Ministerio Público en su estrategia de persecución patrimonial contra redes investigadas por lavado de activos, vínculos financieros irregulares y presunta relación con estructuras del crimen organizado.
Una vez asegurados los bienes, corresponderá a las autoridades competentes continuar el proceso legal para determinar si los activos tienen origen lícito o si deben quedar sujetos a acciones de privación definitiva conforme a la ley.
