Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público ejecutó este martes la captura de Dilcia María Gutiérrez, Miriam Yolanis Cabieles Murillo y Saida Celenia Cabieles Murillo, vinculadas al saqueo de las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social mediante el desvío de recursos que debían ser para atención de derechohabientes hacia el pago de una plantilla fantasma, revelando que la institución saqueada en el pasado sigue siendo escenario de actos corruptos.
Las capturas fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en una operación que se suma a las detenciones de febrero 2025 cuando el MP presentó requerimiento fiscal contra Suyapa Isabel Carranza Rodríguez y Eliana Yessenia Bonilla López, exempleadas del Departamento de Compensación Salarial.
El esquema fraudulento provocó un perjuicio económico de L1,827,374.02 mediante una trama donde 20 personas se hicieron pasar por médicos falsos aunque en realidad eran amas de casa y jornaleros, configurando lo que el exdirector del IHSS caracterizó como «trama corrupta bien organizada» que operaba sistemáticamente dentro de la institución.
Según las investigaciones, en marzo de 2024 las exempleadas del Departamento de Compensación Salarial ingresaron al sistema una plantilla fantasma compuesta por 20 personas con un salario mensual de 35,000 lempiras, falsificando la firma y sello de la subjefa de Personal para abrir cuentas bancarias y realizar los respectivos pagos.
Una vez depositados los fondos, estos falsos médicos se presentaban a agencias bancarias para retirar el dinero, completando así el circuito del fraude que operó durante meses antes de ser detectado por controles internos que evidenciaron inconsistencias en la nómina de profesionales médicos del IHSS.
El caso del «planillazo» revela que el IHSS, institución saqueada durante años por redes de corrupción que involucraron a altas autoridades en gobiernos previos, continúa siendo vulnerable a prácticas ilícitas pese a promesas de saneamiento institucional y controles más estrictos implementados tras escándalos que derivaron en procesos judiciales.
Los delitos investigados incluyen fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos y otros efectos timbrados, configurando crímenes que afectan directamente la capacidad del IHSS de brindar servicios de salud a más de 1.5 millones de derechohabientes cuyos recursos fueron desviados para enriquecer a red de corruptos.
