Tegucigalpa, Honduras.— El Ministerio Público (MP) reafirmó este miércoles su postura de que “no persigue personas, sino la comisión de delitos”, en respuesta a las críticas nacionales e internacionales generadas por el requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
En un comunicado institucional, el MP detalló que la acusación se basa en el delito de prevaricato, tipificado en el artículo 516 del Código Penal, y está respaldada por pruebas documentales y testimoniales.
Según la fiscalía, los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley al conformar un pleno con solo dos integrantes, violando los procedimientos establecidos para la toma de decisiones en el TJE.
La institución subrayó que, antes de presentar el requerimiento, agotó las vías legales al solicitar antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, la CSJ determinó que los magistrados del TJE no gozan de prerrogativas que les otorguen inmunidad, lo que permitió avanzar con la acción penal.
“Toda actuación se enmarca dentro de la Constitución de la República y las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, señaló el comunicado, en un esfuerzo por contrarrestar las acusaciones de politización.
De manera significativa, el MP reveló la existencia de una “noticia criminis” relacionada con audios filtrados que contienen información sobre acciones que podrían poner en riesgo la integridad del proceso electoral del 30 de noviembre.
La fiscalía confirmó que la divulgación del audio fue verificada y que guarda relación directa con la acusación contra los dos magistrados.
“La divulgación tuvo como propósito proteger la democracia y salvaguardar la voluntad soberana del pueblo hondureño”, afirmó el ente acusador, al tiempo que reiteró su compromiso de actuar con independencia, rigor y dentro del marco legal ante cualquier intento de interferir en los comicios.
El caso ha generado alertas de organismos internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, preocupados por posibles afectaciones a la autonomía del órgano electoral. Sin embargo, el MP insiste en que su intervención no busca intervenir en la función electoral, sino sancionar presuntas violaciones a la ley.
Ante un contexto de máxima tensión institucional y a menos de tres semanas de las elecciones, el Ministerio Público envía un mensaje claro: vigilará cualquier conducta que atente contra la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso democrático, incluso si eso implica investigar a altos funcionarios electorales.
