Tegucigalpa.- El Ministerio Público intensificó su ofensiva judicial contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral al presentar requerimiento fiscal directo contra Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona por prevaricato judicial, después de que la Corte Suprema rechazara por unanimidad la solicitud de antejuicio el lunes pasado.
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales formalizó las acusaciones este 10 de noviembre, aprovechando la resolución de la CSJ que determinó que los magistrados electorales no gozan de prerrogativas de antejuicio y pueden ser procesados mediante procedimiento ordinario ante juez natural.
Estrategia judicial tras revés en Corte Suprema
El requerimiento se produce inmediatamente después de que la sala Ad-Hoc declarara inadmisible la solicitud de antejuicio, estableciendo que los magistrados del TJE tienen las mismas prerrogativas que los magistrados de la CSJ pero no gozan de esa garantía especial para ser acusados.
Esta decisión habilitó al MP para proceder directamente con acusaciones penales sin las protecciones que requieren autorización previa del Congreso Nacional, acelerando el proceso judicial en momento crítico del calendario electoral.
Las acusaciones se centran en resoluciones emitidas el 27 y 28 de octubre donde ambos magistrados ordenaron al CNE la inscripción de candidatos a diputados sin conformar quórum legal requerido por la normativa electoral.
Irregularidades procesales como fundamento
El MP documentó que Flores Urrutia fue recusado por emitir opinión pública sin conocer formalmente el expediente en Pleno, pero los magistrados resolvieron de manera «irregular, arbitraria y antojadiza» sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica.
Según la acusación, no formaron pieza separada, no notificaron al magistrado recusado, no suspendieron el expediente principal ni convocaron magistrado suplente, mientras Flores Urrutia participó en la resolución de su propia recusación, situación «expresamente prohibida».
El 28 de octubre dictaron sentencia definitiva ordenando inscripciones pese a que el TJE «no estaba debidamente integrado» sin el tercer magistrado ni suplente, violando la exigencia legal de presencia de tres miembros para sesiones válidas.
Presión electoral en momento crítico
El requerimiento intensifica la presión sobre el tribunal electoral a 20 días de las elecciones generales, cuando múltiples recursos y decisiones electorales requieren resolución del TJE para garantizar desarrollo del proceso.
La estrategia del MP aprovecha la ausencia del magistrado Mario Morazán, quien mantiene bloqueo sistemático de sesiones, para argumentar que decisiones tomadas por mayoría constituyen irregularidades procesales punibles.
Las acusaciones buscan judicializar decisiones que favorecieron inscripciones opositoras, interpretando resoluciones judiciales como delitos penales en contexto de crisis institucional sin precedentes.
Escalada hacia judicialización electoral
Con el requerimiento directo, el MP evita las protecciones del antejuicio y traslada el caso a juez natural que deberá determinar si decisiones judiciales controvertidas constituyen prevaricato o ejercicio legítimo de funciones electorales.
Esta estrategia complementa investigaciones paralelas sobre supuesta conspiración electoral derivada de audios entregados por Marlon Ochoa, configurando ofensiva judicial múltiple contra actores electorales independientes.
La judicialización acelerada plantea interrogantes sobre independencia del sistema judicial electoral y capacidad del TJE para funcionar bajo presión penal durante las últimas semanas cruciales del proceso electoral hondureño.
