Roatán, Honduras. – Las investigaciones del Ministerio Público han comenzado a reconstruir el funcionamiento de Delta Teams, una estructura que, según la Fiscalía, habría operado desde 2019 en Roatán mediante negocios, propiedades y relaciones con personas vinculadas a distintas instituciones.
El caso tomó fuerza a partir de diligencias desarrolladas contra Gary Lee Johnston, que permitieron abrir nuevas líneas investigativas y señalar a otros presuntos integrantes de la organización.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura estaría relacionada con trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y otros delitos conexos contra jóvenes y menores de edad. Las pesquisas también apuntan a supuestas actividades vinculadas con venta de drogas y tráfico de armas.
La investigación fue impulsada por la Unidad Contra la Trata de Personas del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación (DPI), que identificaron a personas que presuntamente formaban parte de la red y la manera en que habrían captado o aprovechado a sus víctimas.
El 19 de abril de 2024, la Fiscalía informó que presentó un requerimiento fiscal y solicitó órdenes de captura contra integrantes de la presunta estructura, a quienes vinculó con pornografía infantil, trata de personas y otros delitos.
Según el MP, las diligencias posteriores a la captura de Johnston permitieron encontrar evidencias relacionadas con contactos sexuales con víctimas menores de edad e imágenes de niñas, elementos que ampliaron el alcance del expediente.
A partir de esos hallazgos, las autoridades identificaron a Harold Green, William James Murdock, Gustavo Trejo y Antony Frank Grayson, este último mencionado con ese nombre en el comunicado oficial de abril de 2024.
Actualmente, los llamados a juicio son Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes enfrentan el proceso bajo la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
El expediente Delta Teams ha vuelto a cobrar relevancia por su posible conexión con investigaciones desarrolladas en la zona insular, especialmente en un contexto de señalamientos sobre redes de trata de personas en Islas de la Bahía.
El juicio contra los acusados representa una etapa clave para que el Ministerio Público presente sus pruebas y para que el tribunal determine si existió o no una estructura criminal operando en Roatán bajo la fachada de actividades comerciales y relaciones locales.
