Tegucigalpa, Honduras. – Una tensión institucional se ha instalado entre el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al caso contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.
El MP informó que, pese a los anuncios públicos, no ha recibido de forma oficial la resolución mediante la cual el órgano colegiado de la CSJ declaró inadmisible el antejuicio en su contra.
Por ello, solicitó “respetuosamente” que se le notifique de inmediato, ya que “el equipo de fiscales está listo para presentar el requerimiento fiscal correspondiente”, en aras de “garantizar elecciones limpias y transparentes”.
Sin embargo, el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, aseguró el viernes pasado que por unanimidad de votos se resolvió declarar inadmisible la solicitud del MP, al considerar que los magistrados del TJE gozan de las mismas prerrogativas y obligaciones que los de la propia Corte Suprema.
Duarte fundamentó la decisión en el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y el artículo 421 del Código Procesal Penal, que, según el fallo, no otorgan al TJE la prerrogativa de antejuicio, pero sí le confieren un estatus equivalente al de los magistrados de la CSJ en materia de inmunidad funcional.
El contraste es claro: mientras el Poder Judicial da por cerrado el caso, el Ministerio Público insiste en avanzar, alegando que aún no ha sido notificado formalmente. Este vacío administrativo —o comunicacional— ha generado una zona gris jurídica en plena recta final electoral, donde la celeridad y la transparencia se han convertido en moneda de cambio política.
Mientras las instituciones se miden en tecnicismos, el país espera una respuesta: ¿prevalecerá la independencia de los órganos electorales… o la presión de la fiscalía?
