MP inspecciona plantas solares en el sur del país en medio de tenso clima político

Hasta el momento se desconoce la motivación específica de estas acciones investigativas.

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De acuerdo con lo informado por la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), el Ministerio Público, inició en las últimas horas, una serie de inspecciones contra plantas fotovoltaicas o solares en el sur del país.

«Esperamos que todo proceso de inspección y verificación se lleve a cabo de manera imparcial, técnica conforme al Estado de derecho, y con respeto a la seguridad jurídica necesaria para fomentar y proteger las inversiones presentes y futuras en energías renovables», cita el comunicado de la AHER.

Hasta el momento se desconoce la motivación específica de estas acciones investigativas, sin embargo, se conoció que estarían relacionadas con una denuncia presentada en 2018 contra algunas de estos proyectos de generación de energía.

Al respecto, diversos juristas señalan que resulta llamativo que estas actuaciones ocurran a pocos meses de las elecciones generales, dado que 8 de los 18 contratos renegociados por la ENEE corresponden a plantas solares en operación desde 2015.

Lo anterior provoca suspicacia ya que paralelamente, se ha reactivado una investigación contra el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, lo que ha generado controversia por considerarse una violación al Acuerdo de Guaymuras-Tegucigalpa firmado en 2009.

Dicho acuerdo, al igual que el de San José, contemplaba amnistía para todos los actores involucrados en la crisis política de ese año. No obstante, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha continuado con acciones legales contra el exjefe militar.

A esto se suma la reciente y supuesta salida del país del expresidente Roberto Micheletti Bain, quien declaró a medios que existe temor a un requerimiento del MP.

En 2024, también dejó el país David Chávez Madison, presidente del Comité Central del Partido Nacional, alegando persecución política.

Advierten que las amenazas de altos funcionarios del Legislativo y Ejecutivo, quienes han insinuado usar el aparato judicial como herramienta política, podrían estarse materializando.

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