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Tegucigalpa

Fiscalía investiga irregularidades en permisos para hidroeléctrica en territorio lenca

El fiscal general Johel Zelaya ordenó iniciar investigaciones tras la denuncia del Consejo Indígena Lenca de Reitoca sobre posibles ilegalidades en los permisos otorgados a PROGELSA para un proyecto hidroeléctrico. La denuncia, presentada en 2017, alega que funcionarios de SERNA concedieron irregularmente una licencia ambiental en 2011 sin realizar la consulta previa obligatoria a las comunidades indígenas.

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Tegucigalpa – El Ministerio Público de Honduras ha puesto en marcha una investigación sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA) para la construcción de una represa hidroeléctrica en territorio lenca, según anunció este miércoles el fiscal general, Johel Zelaya.

Las diligencias investigativas responden a una denuncia interpuesta por el Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) relacionada con un proyecto ubicado en la aldea La Guadalupe, entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, en el departamento de Francisco Morazán.

Como parte de las acciones judiciales, se citará a declarar al exalcalde de Reitoca, Manuel Meza, al actual edil Marlon Neptalí Osorto Chévez, y a varios ciudadanos vinculados al caso, entre ellos Reinaldo López Vásquez, Isabel Andino, Higinio Hernández, Wilmer Antonio Núñez Cerrato y Carlos Blandín Cruz.

El fiscal general también indicó que serán convocados los representantes legales de PROGELSA y exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para ampliar detalles sobre las acusaciones.

Según el comunicado oficial, la denuncia presentada en 2017 ante la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS) señala que en 2011, funcionarios de SERNA otorgaron de manera irregular la licencia ambiental a PROGELSA para el proyecto hidroeléctrico.

Un punto central de la denuncia es que no se realizó la consulta previa, libre e informada a la población de Reitoca, violando lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

Las investigaciones estarán a cargo de un equipo interinstitucional conformado por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la Fiscalía de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).

Este caso recuerda la problemática recurrente en Honduras sobre proyectos energéticos en territorios indígenas que han generado conflictos socioambientales en diversas regiones del país.

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