Tegucigalpa, Honduras. – El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, cuestionó que la administración pública hondureña continúe funcionando bajo criterios partidarios para contratar o separar personal y reclamó que la meritocracia se convierta en el principal parámetro para acceder a puestos dentro del Estado.
Nasralla sostuvo que la capacidad profesional debería estar por encima de la afiliación política y consideró que la utilización de los empleos públicos como espacios de reparto partidario constituye un problema histórico del país.
“Ese ha sido un problema tradicional de Honduras. Nadie se atreve a contratar por meritocracia, o sea por la capacidad de la persona, independientemente del partido al cual pertenezca. Por capacidad emplean en todas partes del mundo menos en Catrachilandia”, escribió en su cuenta de X.
El político también lanzó críticas contra quienes han dirigido instituciones y poderes del Estado durante las últimas dos décadas, al considerar que la calidad de los nombramientos termina teniendo efectos sobre el funcionamiento del país.
“El nivel de los ejecutivos que dirigen los poderes del Estado y ministerios desde hace 20 años, nos conduce al precipicio”, agregó.
Las declaraciones se producen en medio de la polémica generada por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien instruyó a ministros del Gobierno para que antes del 31 de diciembre gestionen la salida de empleados identificados con el Partido Libertad y Refundación (Libre) que permanecen en instituciones públicas.
Durante aquella intervención, Castro planteó que los procesos debían efectuarse respetando el pago de las prestaciones correspondientes.
“Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones”, expresó el funcionario.
La instrucción provocó cuestionamientos desde distintos sectores sobre si la afiliación política puede utilizarse como criterio para determinar la permanencia de trabajadores dentro del Estado.
El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, por ejemplo, calificó públicamente las declaraciones de Castro como irresponsables y advirtió que una separación basada exclusivamente en identificación partidaria podría generar litigios y obligaciones económicas para el Estado.
El propio Gobierno ha sostenido en días recientes que sus funcionarios se encuentran sometidos a evaluaciones de desempeño y que los cambios en determinadas instituciones responden a revisiones sobre resultados y eficiencia.
El pronunciamiento de Nasralla coloca nuevamente en discusión la profesionalización del servicio público, la estabilidad laboral y los criterios utilizados para seleccionar o remover personal cuando se produce un cambio de administración.
El debate también enfrenta dos principios que deberán distinguirse en cada caso: la facultad de un Gobierno para sustituir cargos de confianza y la obligación de respetar los derechos y procedimientos aplicables a trabajadores protegidos por el régimen laboral o administrativo correspondiente.
Para Nasralla, el problema de fondo trasciende a un partido en particular: sostiene que Honduras debe abandonar la práctica de considerar la identidad política como requisito de acceso al empleo público y sustituirla por criterios de capacidad, preparación y desempeño.










