Tegucigalpa, Honduras.— El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se quejó este domingo porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) «aprobó el escrutinio especial de 1,081 urnas y no de las 2,773 que inicialmente presentaron inconsistencias», cuestionando la decisión del órgano electoral de limitar el alcance inicial del proceso de revisión detallada.
El candidato liberal planteó que «para que se respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del pasado 30 de noviembre, les informo que estamos en el proceso de escrutinio especial en el cual 2,773 urnas equivalentes aproximadamente a 500,000 votos tienen por ley que ser revisadas en escrutinio especial voto por voto, pero el CNE sólo ha aprobado se revisen hasta el momento solo 1,081 urnas».
Nasralla cuestionó directamente: «¿Por qué no quieren revisar las otras 1,692 urnas que la ley exige?», señalando una supuesta violación legal por parte del CNE al no incluir la totalidad de actas que, según su interpretación, deberían someterse obligatoriamente a escrutinio especial por presentar inconsistencias detectadas durante el proceso de escrutinio preliminar.
El candidato liberal puntualizó que «y esto no es todo, además de las 2,773 urnas mencionadas hay miles de las otras 16,394 urnas que deben ser revisadas voto por voto (lo cual es un proceso posterior que se llama impugnaciones) ya que presentan gruesas irregularidades», anticipando una expansión masiva del proceso de revisión que podría abarcar una proporción significativa del total de urnas utilizadas en las elecciones.
Nasralla denunció que «existen serias denuncias especialmente en los departamentos de Lempira, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara», identificando geográficamente las zonas donde su partido considera que se concentran las irregularidades más graves que justificarían la revisión detallada de miles de actas adicionales a las ya programadas para escrutinio especial.
Las declaraciones de Nasralla contrastan con las aclaraciones de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien explicó que el escrutinio de 1,081 actas representa únicamente el inicio del proceso de oficio y que se analizarán posteriormente las solicitudes de escrutinio especial y las impugnaciones presentadas por los partidos políticos.
La referencia a «aproximadamente 500,000 votos» en las 2,773 urnas con inconsistencias subraya la magnitud potencial del impacto que podría tener el escrutinio especial completo en los resultados preliminares, donde Nasry Asfura mantiene una ventaja de 42,407 votos sobre Nasralla según los datos oficiales publicados por el CNE.
La mención de «miles» de urnas adicionales que deberían revisarse a través del proceso de impugnaciones sugiere que el Partido Liberal prepara una estrategia legal masiva para cuestionar los resultados en una proporción significativa de las 16,394 urnas restantes, lo que podría prolongar indefinidamente la resolución del proceso electoral.
La identificación específica de Lempira, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara como departamentos con «serias denuncias» podría reflejar patrones geográficos en las supuestas irregularidades o corresponder a zonas donde el Partido Liberal considera que tiene mayores posibilidades de revertir resultados adversos mediante la revisión detallada.
Las quejas de Nasralla evidencian la estrategia de su partido para maximizar el alcance del escrutinio especial y las impugnaciones, buscando revisar la mayor cantidad posible de votos en un intento por revertir la ventaja preliminar de Asfura y obtener la presidencia a través de los mecanismos legales de revisión electoral.
La discrepancia entre las expectativas de Nasralla y las decisiones del CNE refleja las diferentes interpretaciones sobre los procedimientos electorales y los criterios para determinar qué actas deben someterse a escrutinio especial, generando un conflicto legal que podría requerir resolución judicial si las partes no logran consenso.
La amenaza implícita de impugnaciones masivas sugiere que el proceso electoral podría extenderse mucho más allá del escrutinio especial actualmente programado, manteniendo la incertidumbre sobre los resultados definitivos y complicando la transición democrática que debe completarse antes de la toma de posesión programada para el 27 de enero de 2026.
