Tegucigalpa, Honduras – El presidenciable liberal Salvador Nasralla volvió a utilizar sus redes sociales para reafirmar sus acusaciones de fraude electoral y responsabilizar directamente a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, de negarse a contar “dos millones de votos” que, según él, le darían el triunfo presidencial sobre Nasry Asfura por una diferencia de 300,000 sufragios.
“Ana Paola Hall y Cossette López, por lo menos digan quién es el capo que les ordena no contarlos, igual que hicieron con los 2 millones de votos que no contaron para presidente”, escribió Nasralla, añadiendo una frase contundente: “El que no paga en tierra, paga al morir”.
El excandidato, quien se encuentra de vacaciones fuera del país junto a su esposa, Iroshka Elvir, y sus dos hijos, aseguró que la comunidad cristiana está “profundamente descontenta y decepcionada con el robo de las elecciones”.
Además, exigió el conteo urgente de 410 urnas en Choloma, Cortés, donde —afirmó— el candidato a diputado más votado de todos los partidos fue el abogado Óscar Muñoz, a quien describió como “un hombre de Dios que ha invertido sus recursos personales en el deporte”.
“Con casi 220,000 votos, los narcos que manejan esta mafia desde los tres partidos lo están dejando afuera, junto al abogado Garífuna Norman Jiménez. No quieren gente honrada en el Congreso”, denunció, sin presentar evidencia verificable que respalde sus afirmaciones.
Sus declaraciones contrastan con los resultados oficiales del CNE, que certificaron que Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos frente al 39,54 % de Nasralla —una diferencia de 27,026 votos— con el 99,93 % de las actas escrutadas, y con los informes de observadores internacionales, como la OEA y la Unión Europea, que no encontraron indicios de fraude generalizado.
Pese a la falta de sustento técnico y legal, la narrativa de Nasralla continúa resonando en ciertos sectores de su base electoral, en medio de un clima postelectoral marcado por la desinformación y el rechazo a los resultados institucionales.
Mientras tanto, el país se prepara para la toma de posesión del nuevo gobierno el 27 de enero, y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanza en la revisión de los recursos presentados, incluidos los del Partido Liberal, con el compromiso de resolverlos con transparencia y apego a la ley.
