Nueva York – El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos, solicitó este jueves, en la última audiencia previa al comienzo del juicio, cambiar de abogado, lo que le fue denegado por el juez Kevin Castel.
Castel arguyó que no podía plantear esta petición al quedar tan poco tiempo para el proceso, y mantuvo la fecha del 5 de febrero para la apertura del juicio con la selección del jurado ese mismo día. El jurado será anónimo y los testigos contarán con el programa gubernamental de protección de testigos.
Hernández, también conocido con sus iniciales JOH, entró en la sala con ropa de preso de color caquí, encadenado por la cintura a otros dos acusados en su caso, su primo Mauricio Hernández y el exjefe de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla ‘El Tigre’; todos ellos iban además esposados, con las esposas sujetas en la cadena.
Solo cuando se sentaron, con una silla de separación entre cada uno, les quitaron la cadena, y se las volvieron a poner al terminar la audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
Desde su llegada a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, extraditado desde Honduras, Hernández está visiblemente más delgado y con más canas en el pelo. Como anécdota, ha compartido celda con el cerebro de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, encontrado en noviembre culpable de un fraude multimillonario y que ahora aguarda la sentencia.
Su familia está insegura
Hernández insistió además en que su familia no está segura en Tegucigalpa y que recibe constantemente amenazas. “Todos los días vivo una situación terrible porque no sé qué pasará con ellos; ¿es que la vida de mi familia no les importa?”, espetó al juez y la Fiscalía.
Según el exmandatario, de 55 años, las amenazas a sus familiares provienen de una organización criminal que no nombró pero que -aseguró- deben tomarse en serio porque ya en el pasado asesinó al hijo de un expresidente.
El exmandatario (2014-2022) dijo que su abogado Raymond Colon ha estado enfermo en los últimos meses y no ha podido casi reunirse con él para estudiar todos los documentos aportados por la Fiscalía para el juicio, por lo que pidió que se le asignara a otro letrado en Honduras; además, arrojó dudas sobre la fiabilidad de Colon, insinuando que pudo haber sido manipulado por una persona que se identificaba como miembro de la agencia estadounidense antidrogas DEA.
El juez Castel no desacreditó por completo esas alusiones y ordenó a su tribunal comunicarse con la DEA para dar o no credibilidad a la supuesta conexión de ese intermediario, de nacionalidad dominicana.
Hernández jugó además la carta de la indefensión y dijo que ni siquiera tiene dinero para pagarse una defensa en condiciones -tiene los fondos congelados-, y por esa razón sus hijas habían comenzado en Honduras una campaña de financiación por internet (a través de GoFundMe) para costear esa defensa, pero luego admitió que tuvieron que cancelar la campaña tras recaudar 30 mil dólares.
El juez Castel denegó todas las peticiones de JOH y aceptó las de la Fiscalía: será un juicio con un jurado anónimo y los llamados a declarar entrarán en el programa gubernamental de protección de testigos, dos provisiones que cada vez son más frecuentes en los casos de narcotráfico.
Además, rechazó la petición del jefe policial Bonilla de ser juzgado en juicio distinto. Ruth E.Hernández Beltrán/ EFE
