Tegucigalpa, Honduras. — «Castiguen al responsable. Sean implacables con el que, a sabiendas, se aprovechó. Pero no le nieguen salud al pueblo». Con esta frase, el exministro de Transparencia y exfiscal Edmundo Orellana expresó este viernes su rechazo a la decisión judicial que paralizó indefinidamente la construcción de tres hospitales en Honduras. Para Orellana, en esta ecuación «el pueblo hondureño es inocente» y no debe pagar las consecuencias de posibles actos de corrupción.
La medida precautoria fue decretada por el Juzgado en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción, que declaró con lugar una petición del Ministerio Público para suspender las obras de los hospitales de Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque mientras se realizan investigaciones por presuntas irregularidades. Según fuentes judiciales, este proceso podría extender la paralización por más de dos meses.
La resolución judicial detalla situaciones específicas en cada proyecto. En el caso del hospital de Santa Bárbara, se señala que la obra se construye en terrenos que pertenecen a una organización no gubernamental, lo cual podría generar una disputa legal por la propiedad en el futuro. Este centro tiene un avance físico del 25 %, pero registra compromisos contractuales del 70 %, una brecha que llama la atención de los investigadores.
En Ocotepeque, el hospital presenta una baja ejecución física, mientras los contratos están próximos a vencerse. Además, se identificó la contratación de varias empresas para realizar micro proyectos que requieren alta inversión presupuestaria. Un patrón similar se repite en el hospital de Salamá, Olancho: 25 % de avance físico, compromisos contractuales superiores al 70 % y múltiples empresas asignadas a micro proyectos de alto costo.
Estos hallazgos son el eje de las pesquisas del Ministerio Público, que busca determinar si existieron irregularidades en la adjudicación y ejecución de los contratos. Sin embargo, para Orellana, la ruta debe ser clara: investigar con rigor, sancionar a quienes corresponda, pero no sacrificar el acceso a la salud de una población que espera desde hace años por estos centros hospitalarios.
Mientras el debate jurídico avanza, la pregunta que queda flotando es cómo equilibrar la lucha contra la corrupción con la urgencia de atender necesidades básicas. Para el exfiscal, la respuesta es sencilla: justicia sí, pero sin convertir al ciudadano en daño colateral.
