Tegucigalpa – Durante una reciente conferencia de prensa, el fiscal general interino, Johel Zelaya, reafirmó el compromiso del Ministerio Público en la persecución de delitos públicos en general, sin discriminación.
Sin embargo, hizo un llamado contundente a amigos y políticos del país, instándolos a no buscar protección de la Fiscalía en caso de verse implicados en casos de corrupción. «No me prestaré para llamadas que vayan en contra del pueblo hondureño», enfatizó Zelaya, destacando su negativa a ceder ante presiones políticas.
Zelaya también enfatizó su disposición a abordar los asuntos pendientes en el Ministerio Público de manera justa y equitativa, sin importar si los casos involucran a figuras políticas u otros ciudadanos.
Afirmó que la gestión interina se guiará estrictamente por la ley y la justicia, prometiendo actuar en interés del pueblo hondureño. Al mismo tiempo, negó los rumores sobre la preparación de requerimientos fiscales contra 80 diputados, despejando cualquier confusión al respecto.
Por su parte, el Fiscal General Adjunto interino, Mario Morazán, respaldó la postura del Ministerio Público, asegurando que las acciones penales se basarán en evidencias sólidas para determinar con certeza la responsabilidad penal de las personas involucradas en los hechos.
«Vamos a investigar hechos, no vamos a perseguir personas», enfatizó Morazán, subrayando la dedicación del Ministerio Público a una investigación justa y transparente.
La designación de Zelaya y Morazán como fiscales titulares interinos se produjo en medio de controversias y denuncias de ilegalidad, ya que la selección debería haberse llevado a cabo mediante la votación de la mayoría de los diputados del Congreso.
La situación se agravó aún más tras un incidente violento en las afueras del Congreso Nacional, lo que generó tensiones en el país y motivó a la oposición a anunciar futuras movilizaciones y manifestaciones pacíficas a nivel nacional para expresar su rechazo a lo que consideraron un «secuestro del Ministerio Público».
A pesar de los desafíos y las disputas políticas, el Ministerio Público se compromete a mantener la integridad y la imparcialidad en sus funciones, con la esperanza de restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial de Honduras.
