Washington. – En el Capitolio, dos jóvenes inmigrantes testificaron el miércoles que la decisión del Gobierno de Donald Trump de deportar a las personas sin ciudadanía que sufren afecciones de salud es prácticamente una sentencia de muerte.
Ambos le contaron al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos les ordenaron repentinamente este mes que abandonaran Estados Unidos en un plazo de 33 días, a pesar de que han vivido en el país durante años, en el marco de un programa que aplaza las deportaciones para los inmigrantes que, de otra manera, no tendrían acceso a tratamientos que podrían salvarles la vida.
Esto fue lo que dijo la representante demócrata del estado de Massachusetts Ayanna Pressley.
La congresista Ayanna Pressley dijo: “El ocupante de esta Casa Blanca y su gobierno xenófobo no podían llegar más bajo de lo que ya llegaron. Pero llegan aun más bajo y deciden dar a los niños gravemente enfermos y a sus familias un plazo de 33 días para que abandonen el país o podrían correr el riesgo de ser deportados”.
El miércoles dio su testimonio María Isabel Bueso, de 24 años de edad, quien padece un raro trastorno genético conocido como mucopolisacáridos. Bueso fue traída a Estados Unidos desde Guatemala a los siete años de edad para buscar un tratamiento.
Ella dijo a los legisladores que su participación en un ensayo clínico en el estado de California le salvó la vida, y permitió la creación del primer y único tratamiento para la enfermedad.
Mientras tanto, Jonathan Sánchez, de 16 años de edad, que tiene fibrosis quística, testificó que le salvaron la vida a los 12 años de edad cuando sus padres lo trajeron de Honduras para recibir tratamiento en Boston.
Jonathan Sánchez dijo: “El día que nuestros abogados nos dijeron que el programa de acción médica diferida fue cancelado, empecé a llorar y le dije a mi mamá: ‘No quiero morir. No quiero morir’. Si vuelvo a Honduras, moriré”.
La orden de deportación médica del gobierno de Trump de este mes llegó sin previo aviso ni anuncio público. Después de que provocara una reacción negativa de los grupos de derechos de los inmigrantes, los profesionales médicos y los legisladores demócratas, las autoridades dieron marcha atrás parcialmente y dijeron que “reabrirían los casos previamente pendientes para su consideración”.
Sin embargo, no está claro cuál será el destino del programa a largo plazo.
