Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Christian Duarte, fue categórico al confirmar que el gobierno no dispone de recursos presupuestarios para compensar a los más de 35 mil afectados por la estafa de Koriun Inversiones, dejando en manos del Congreso Nacional la decisión sobre el destino de esta controvertida propuesta.
«Con el presupuesto actual, ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda, ni existe presupuesto destinado a eso, lo puedo confirmar», declaró Duarte durante una entrevista en el noticiero TN5 de Televicentro este viernes, descartando cualquier posibilidad de financiamiento inmediato desde el Ejecutivo.
Las declaraciones del titular de Finanzas contrastan con las expectativas generadas por otros funcionarios gubernamentales, quienes habían adelantado que se podría utilizar dinero estatal para compensar a las personas que colocaron sus ahorros en Koriun Inversiones, empresa que prometía retornos anuales del 240% a sus aportantes.
El esquema fraudulento, considerado una típica estafa Ponzi, ha provocado una profunda crisis social en Honduras, especialmente en ciudades como Choloma, Choluteca y Copán, donde miles de personas han protagonizado protestas y bloqueos de carreteras exigiendo la devolución de sus ahorros perdidos.
Duarte explicó que la única vía legal para que el gobierno asuma esta responsabilidad sería mediante la aprobación de un decreto por parte del Congreso Nacional. Sin embargo, enfatizó que cualquier iniciativa legislativa debe especificar claramente «de dónde saldrán los recursos para los ahorrantes de Koriun».
Esta exigencia del ministro pone de manifiesto las limitaciones técnicas y financieras que enfrenta cualquier propuesta de rescate con fondos públicos, considerando que se estima que las pérdidas de los afectados superan los mil millones de lempiras.
Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), había anunciado previamente que se enviaría al Congreso Nacional un proyecto de decreto para aprobar que los fondos destinados a los afectados salgan del tesoro nacional, aunque hasta el momento no se ha presentado formalmente dicha iniciativa.
La posición del ministro de Finanzas refuerza los argumentos de diversos sectores que han cuestionado la viabilidad constitucional y financiera de utilizar recursos públicos para resolver una crisis generada por una empresa privada que operó al margen de la ley durante siete años.
Las declaraciones de Duarte también evidencian las tensiones internas dentro del gobierno sobre cómo abordar la crisis de Koriun, especialmente considerando las implicaciones políticas y electorales de cualquier decisión en un año electoral.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otras organizaciones han señalado que destinar fondos públicos para este propósito carecería de fundamento jurídico y sentaría un precedente peligroso para casos futuros de estafas privadas.
La incertidumbre sobre el financiamiento mantiene en vilo a miles de familias hondureñas que perdieron sus ahorros en Koriun, mientras el debate político sobre la responsabilidad del Estado frente a estafas privadas continúa intensificándose en el contexto de las próximas elecciones generales.
