La nueva Carta Fundamental de Chile, que el lunes despachará su primera versión, considera al país como un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y consagra un “catálogo de derechos sociales” ausentes en la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
“El lema de la Constitución de 1980 es soluciones privadas para problemas públicos. Es hostil a la acción estatal en la economía y en la provisión de derechos sociales”, explicó a la AFP Javier Couso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Diego Portales.
En la discusión, a veces áspera, entre los 154 convencionales constituyentes que comenzaron a trabajar el 4 de julio de 2021, quedaron afuera propuestas como la reelección presidencial, el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería.
La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de mayor justicia social en un país extremadamente desigual.
Solo en 2021, el patrimonio de los chilenos más ricos representó el 16,1% del PIB, según estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su primer artículo, el proyecto de nueva Constitución señala: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
La Convención constituyente entregará el lunes una primera versión del texto a la Comisión de Armonización, que revisará cada uno de los artículos y velará por su coherencia, pero sin cambiar lo aprobado.
El 4 de septiembre los chilenos decidirán en un referéndum con voto obligatorio si “aprueban” o “rechazan” la nueva Carta Magna.
– Maximalista pero razonable –
Abogados y politólogos han lamentado que se haya hecho una Constitución con puntos que consideran irrelevantes y que excede los 400 artículos.
“Es un texto adecuado que contiene muchas cosas, pero nada que no esté en otras Constituciones; no están otros paradigmas constitucionales. Nada de lo que está ahí sale de la norma internacional”, explicó a la AFP el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán.
Pero Marcela Cubillos, integrante de la Convención, militante de derecha que hizo campaña por el rechazo al cambio constitucional, da por perdida la oportunidad de haber podido elaborar “una Constitución para Chile que una y no segregue”.
Además del “Catálogo de derechos sociales” con un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y una pensión, el texto establece un nuevo ordenamiento del sistema político y de justicia, junto a una nueva forma de distribuir el poder en gobiernos regionales.
En función de un principio de “pluralismo jurídico”, “reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas”, pero determina que será la ley general la que fijará la competencia de estos tribunales.
También prevé la reorganización del Poder Judicial, a través del Consejo de la Justicia, un órgano “de carácter autónomo, técnico y plurinacional” cuya principal labor será fortalecer la independencia de los magistrados.
Christian Viera, abogado que coordinó la Comisión de justicia, explicó que la unidad jurisdiccional “es un principio básico del derecho, que supone que a la cabeza de todos los tribunales de justicia hay una última palabra que define todo”.
– Congreso, aborto, agua –
A diferencia de la actual Carta Fundamental, con un Poder Legislativo bicameral, la nueva propuesta elimina al Senado y lo reemplaza por una Cámara de las Regiones.
Según Jordán y otros expertos, el funcionamiento en dos cámaras impedía que las reformas se tramitaran adecuadamente.
En el rubro ambiental, el nuevo texto “garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible” y prohíbe que su propiedad caiga en manos de privados, como sucede actualmente.
“Chile es el único país del mundo cuya Constitución consagra el derecho de propiedad del agua a un privado”, dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, analista económico de la Universidad Diego Portales.
“El cambio más profundo es en la forma de administrar los bienes naturales comunes”, complementó Jordán.
Si bien no menciona la palabra “aborto”, el nuevo texto propone que el Estado deberá brindar “las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo”.
AFP
