Tegucigalpa, Honduras.— La salud de un país no se mide solo en hospitales, sino en qué tan bien llegan los servicios a quienes más los necesitan. La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) señaló este viernes que Honduras enfrenta una crisis estructural en su sistema sanitario, caracterizada por acceso limitado a medicamentos, largas listas de espera para cirugías, baja cobertura de vacunación y un enfoque centrado en la atención curativa en lugar de la prevención.
El informe, correspondiente a la segunda entrega de la serie «Estado de país 2026», documenta un escenario preocupante: la desnutrición aumentó de 13% en 2018 a 15% en 2023, mientras que en 2024 el 40% de la población no contaba con ingresos suficientes para costear una dieta saludable.
Esta situación, según la ASJ, impacta directamente en el desarrollo infantil, incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y limita la productividad económica del país.
Pero el panorama no es uniforme. Mientras la desnutrición afecta a los más vulnerables, la obesidad avanza en otro sector de la población: casi uno de cada tres hondureños vive con esta condición, asociada a diabetes tipo dos. La ASJ alertó que, de no atenderse de manera oportuna, estas tendencias aumentarán la carga de enfermedades crónicas y mortalidad, sobrepasando aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Otro hallazgo relevante es la disminución en las atenciones médicas pese al incremento del 10% en establecimientos de salud durante la última década. Cerca de 10 millones de atenciones anuales en el primer nivel antes de 2016 cayeron a 7.4 millones en 2024, y apenas tres millones en el segundo nivel. Una paradoja que sugiere que más infraestructura no se traduce automáticamente en más servicios.
El informe también alertó sobre el retroceso en la cobertura de vacunación debido a la reducción de fondos y el abandono de buenas prácticas. En cuanto a la calidad de la atención, persisten deficiencias en el acceso a medicamentos: en los últimos tres años, menos del 80% de los pacientes del sistema público recibieron sus tratamientos completos.
La mora quirúrgica representa otro frente crítico: más de 10 mil personas permanecieron en lista de espera durante 2025 y más de 40 quirófanos continúan fuera de servicio, en muchos casos por problemas de gestión. Una situación que convierte la espera en un riesgo adicional para la salud de los pacientes.
En el ámbito fiscal, la ASJ lamentó que solo se designa el 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Un desfase que limita la capacidad de inversión en prevención, infraestructura y recursos humanos.
Frente a este panorama, el Instituto de la Justicia hizo un llamado urgente a impulsar un pacto nacional por la salud que articule esfuerzos entre autoridades, sector privado, sociedad civil y ciudadanía, con una visión de largo plazo centrada en la equidad, la eficiencia y una gestión basada en resultados.
Entre las recomendaciones, destacó fortalecer la atención primaria con enfoque preventivo, promoviendo el seguimiento comunitario en los hogares, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad. Asimismo, instó a garantizar procesos transparentes y eficientes para la compra y distribución de medicamentos, así como implementar un plan nacional de cirugías oportunas que reduzca de forma sostenible la mora quirúrgica.
Para la ciudadanía, el mensaje del informe es claro: la crisis del sistema de salud no es un problema abstracto; se refleja en cada niño que no recibe una vacuna, en cada adulto que espera meses por una cirugía y en cada familia que debe elegir entre comprar medicamentos o cubrir otra necesidad básica.
Mientras el debate sobre el pacto nacional por la salud toma forma, la expectativa de la población es que las decisiones se traduzcan en acciones concretas: más medicamentos en los centros de salud, menos tiempo de espera y una gestión que priorice la prevención sobre la reacción.
Porque al final, más allá de los porcentajes y las cifras, lo que importa es que cada hondureño pueda acceder a una atención digna, oportuna y de calidad, sin que el lugar donde vive o el ingreso que perciba determine su derecho a estar sano.
