Tegucigalpa, Honduras. – El país vivió una semana particularmente violenta contra las mujeres, con ocho feminicidios registrados entre el lunes 29 de septiembre y el domingo 5 de octubre, evidenciando un promedio alarmante de más de un asesinato diario, según reportes de organismos de derechos humanos.
La ola de crímenes comenzó el 29 de septiembre con el asesinato de Melisa Beatriz Escobar, de 45 años, ultimada dentro de su vivienda en el departamento de Olancho. Ese mismo día, también en Olancho pero en el municipio de Catacamas, Mercedes Banegas, una septuagenaria de 78 años, fue acribillada a balazos mientras descansaba en su hamaca junto a su esposo.
El miércoles 1 de octubre, Lourdes Vanesa González López, de 27 años, perdió la vida cuando su pareja, un taxista, le disparó en la cabeza durante una discusión por celos en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
Al día siguiente, Dunia Rosibel Espinoza Alvarado fue encontrada sin vida a orillas de la carretera CA-11 en la comunidad de Catatao, municipio de Las Flores, Lempira. Según sus familiares, la mujer residía en San Pedro Sula y había viajado al occidente para disfrutar del Feriado Morazánico, pero desapareció tras salir a un local nocturno.
El viernes 3 de octubre, Anny Michelle Varela Vallecillo, una joven de apenas 20 años conocida en redes sociales por su pasión por los caballos, fue ejecutada con 12 disparos en una cantina del municipio de Patuca, Olancho.
La violencia continuó el sábado cuando dos mujeres identificadas como Silvia Reyes, de 50 años, y Laura Munguía fueron acribilladas dentro de un establecimiento que funcionaba como cantina en Catacamas, elevando a cuatro las víctimas mortales en el departamento de Olancho durante la semana.
El domingo 5 de octubre cerró esta trágica secuencia con el brutal asesinato a machetazos de María Francisca Lara Chávez, de 64 años, en la comunidad El Pinal San Antonio, municipio de Gracias, Lempira.
Estos ocho crímenes reflejan la grave crisis de violencia feminicida que enfrenta Honduras, donde las mujeres «no encuentran en las autoridades políticas y policiales respuesta adecuada que les permita sentirse seguras en sus hogares o sitios públicos», según denuncian organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que catalogan esta situación como una «plaga» que requiere medidas urgentes y efectivas por parte del Estado.
