Tegucigalpa, Honduras. – Un bloque de ocho naciones latinoamericanas emitió este sábado un contundente pronunciamiento conjunto que vincula directamente la violencia política registrada en el Congreso Nacional con los intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas del 30 de noviembre, rechazando el decreto que afecta la institucionalidad democrática hondureña.
El comunicado firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana establece una conexión explícita entre el ataque con artefacto explosivo que hirió a la diputada Gladys Aurora López el jueves y las acciones legislativas destinadas a revertir los resultados electorales oficiales, caracterizando ambos fenómenos como manifestaciones de violencia contra la democracia.
Los países signatarios repudiaron las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición, señalando específicamente el atentado contra López como ejemplo de la escalada de agresiones políticas que buscan intimidar a quienes defienden la institucionalidad electoral y el respeto a los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral.
El pronunciamiento condena todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado por el pueblo hondureño en los comicios generales, estableciendo un paraguas conceptual que abarca tanto las agresiones físicas como las maniobras legislativas e institucionales para desconocer la declaratoria electoral oficial.
Las naciones firmantes reafirmaron su reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de Honduras, otorgando respaldo internacional explícito a la declaratoria del CNE que el oficialismo pretende anular mediante el decreto legislativo sancionado por Xiomara Castro.
El comunicado invoca la validación de misiones de observación internacional que confirmaron la legitimidad de las elecciones hondureñas y la voluntad de millones de ciudadanos expresada libremente el 30 de noviembre, utilizando el aval de organismos internacionales como blindaje contra los intentos de revertir los resultados mediante artilugios legislativos.
Los Estados firmantes dirigieron un exhorto a todas las fuerzas políticas hondureñas para que respeten el orden democrático y garanticen una transición pacífica, privilegiando el diálogo como mecanismo para resolver diferencias, en lo que constituye una advertencia velada al oficialismo sobre las consecuencias internacionales de obstaculizar la alternancia del poder.
El pronunciamiento concluye expresando confianza en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia, una declaración que puede interpretarse como respaldo a potenciales movilizaciones ciudadanas en defensa de la institucionalidad electoral y contra el autogolpe denunciado por sectores opositores.
La emisión conjunta de ocho naciones representa un aislamiento diplomático creciente del gobierno de Castro en la región, evidenciando que sus acciones para desconocer los resultados electorales no cuentan con respaldo internacional más allá de regímenes autoritarios alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo.
El comunicado adquiere particular relevancia porque vincula explícitamente la violencia física contra legisladores con la violencia institucional contra la democracia representada por el decreto electoral, presentando ambas como partes de una misma estrategia para imponer resultados que contradicen la voluntad popular expresada en las urnas.
La inclusión del atentado contra la diputada López en el pronunciamiento sobre asuntos electorales sugiere que las naciones firmantes consideran que la escalada de violencia política en Honduras está directamente relacionada con los intentos del oficialismo de permanecer en el poder mediante la anulación de resultados electorales legítimos.
El respaldo internacional al triunfo de Asfura proclamado por el CNE contrasta dramáticamente con el silencio o apoyo limitado que recibe el gobierno de Castro en su intento de revertir los resultados, evidenciando que la comunidad latinoamericana mayoritariamente considera ilegítimas las acciones del oficialismo hondureño para obstaculizar la transición democrática programada para el 27 de enero.
