Tegucigalpa, Honduras.— El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció que el escrutinio especial solo abarcará «el 5.6% de la totalidad de las actas de los comicios del 30 de noviembre», pese a que él propuso realizar «el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19,167 juntas receptoras de votos» para garantizar la transparencia del proceso electoral.
Ochoa reveló a través de su cuenta en la red social «X» que durante la sesión del pleno propuso la revisión total de todas las actas presidenciales, pero «las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial en 1,081 actas, es decir el 5.6%» del universo total de documentos electorales generados el día de los comicios.
El consejero de Libre advirtió que «si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado», cuestionando la legitimidad de un proceso que excluye la revisión de más del 94% de las actas que documentan la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones generales.
Ochoa había revelado anteriormente que «un total de 17,036 actas a nivel presidencial de las elecciones generales contenían inconsistencias», cifra que representa aproximadamente el 89% del total de juntas receptoras de votos instaladas el 30 de noviembre, evidenciando la magnitud de las irregularidades detectadas en el proceso electoral.
El consejero detalló que «hay 14,073 actas que presentan inconsistencias con el biométrico y 1,882 adicionales que presentan falta de firmas, inconsistencias de suma o que no han sido recibidas», especificando las categorías de irregularidades que justificarían una revisión más amplia del escrutinio para garantizar la integridad de los resultados electorales.
La denuncia de Ochoa expone una división fundamental en el CNE sobre el alcance del escrutinio especial, donde la mayoría conformada por Hall y López opta por una revisión limitada que excluye miles de actas con irregularidades documentadas, mientras el representante de Libre insiste en un proceso más exhaustivo que abarque la totalidad de la documentación electoral.
Las cifras reveladas por Ochoa sugieren que las inconsistencias detectadas superan ampliamente las 1,081 actas seleccionadas para escrutinio especial, planteando interrogantes sobre los criterios utilizados por la mayoría del CNE para determinar qué documentos serán sometidos a revisión detallada y cuáles quedarán excluidos del proceso de verificación.
La posición de Ochoa de proponer el conteo total contrasta con su instrucción partidaria de no firmar la declaratoria de resultados, creando un escenario donde el consejero busca maximizar la revisión de actas mientras mantiene su capacidad de bloquear la certificación oficial de resultados que favorecen a Nasry Asfura con 40.52% frente al 39.20% de Salvador Nasralla.
La limitación del escrutinio especial al 5.6% de las actas podría generar cuestionamientos adicionales sobre la legitimidad del proceso, especialmente considerando que las inconsistencias biométricas afectan a más de 14,000 actas que no serán sometidas a revisión detallada, según los datos proporcionados por el propio consejero del CNE.
La denuncia de Ochoa se suma a las impugnaciones presentadas por la abogada Karla Romero sobre 6,663 juntas receptoras de votos y las denuncias de Salvador Nasralla sobre supuesto robo en el almacén de urnas, configurando un escenario de múltiples cuestionamientos al proceso electoral que debe culminar con la proclamación oficial del próximo presidente de Honduras.
El debate sobre el alcance del escrutinio especial evidencia las tensiones institucionales en el CNE, donde la mayoría busca completar el proceso con una revisión limitada mientras Ochoa insiste en procedimientos más exhaustivos que podrían alterar significativamente los tiempos y resultados de la certificación electoral definitiva.
