Tegucigalpa.- Una «tormenta política y mediática» se ha desatado tras el nombramiento de Nelson Licona como coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dividiendo al país entre quienes celebran una supuesta «renovación» y críticos que alertan sobre el riesgo de pérdida de independencia de la institución anticorrupción.
El oficialismo ha desplegado una narrativa unificada donde varios funcionarios de Libre califican el cambio como positivo. El diputado Jari Dixon Herrera fue contundente: «Nelson Licona tiene el gran reto de regresar al CNA a su verdadera función de combate genuino a la corrupción».
Las declaraciones más controvertidas provinieron de Luis Munguía, gerente administrativo de la Secretaría de Energía, quien calificó como «un cambio positivo» la reestructuración y acusó que «Gabriela Castellanos convirtió el CNA en un instrumento de persecución política», remarcando que «Nelson Licona es ahora jefe de Gabriela Castellanos».
Un ataque directo llegó desde las filas oficialistas. El excanciller Enrique Reina, candidato a designado presidencial en la fórmula de Rixi Moncada, lanzó una dura crítica: «Los delirios de grandeza son peligrosos. Ahora la lucha contra la corrupción depende de una ONG que nunca se atrevió a atacar a JOH directamente. Además, fue apoyada por fondos externos acusados de influir en la desestabilización de gobiernos en los Estados Unidos. Deberían auditarlos».
La respuesta de Castellanos no se hizo esperar. «No veo a Nelson Licona como una amenaza, por ahora. Pero si se convierte en una amenaza, lo denunciaré. El CNA trabaja con independencia, y el coordinador no tiene todas las facultades», declaró la directora ejecutiva, insistiendo en que las investigaciones del organismo «se realizan sin conocimiento previo de la Asamblea», precisamente para blindar el trabajo técnico de cualquier interferencia política.
Desde la oposición, las alarmas están encendidas. El dirigente nacionalista Fernando Anduray calificó el hecho como «un asalto al CNA por parte del oficialismo», advirtiendo que la intención es «ocultar investigaciones contra la corrupción del actual gobierno».
Anduray fue más específico en sus denuncias: «Con este movimiento, Libre pretende neutralizar al CNA, una institución que ha sido incómoda para los poderosos. No cabe duda de que se intentará encubrir muchos casos», e incluso advirtió que el CNA había preparado un dispositivo de observación electoral «que ahora podría ser manipulado a favor de Libre».
La preocupación trasciende partidos políticos. La candidata a diputada por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, manifestó que como sociedad civil le están solicitando a Licona «las garantías de que él no será el agente de la oligarquía melista» en el CNA.
El FOSDEH se pronunció oficialmente expresando su apoyo institucional. El organismo reafirmó «su reconocimiento, solidaridad y respaldo a la directora ejecutiva del CNA, Abogada Gabriela Castellanos, por su legítimo liderazgo y su trayectoria de coherencia y compromiso con el país», mientras pidió «garantizar la continuidad, independencia y efectividad del accionar institucional».
Voces moderadas intentan calmar las aguas. El abogado Kenneth Madrid intentó desdramatizar el conflicto, recordando que las facultades del coordinador «están claramente delimitadas por la ley y no representan un poder absoluto».
Licona, por su parte, intentó bajar la tensión asegurando que su gestión se basará en «honestidad, transparencia y trabajo en equipo», y que «todas las decisiones se consultarán con la Asamblea».
Para analistas políticos, el riesgo es real: «si el CNA pierde su independencia, Honduras perdería una de las pocas instituciones que ha desafiado al poder sin miedo», mientras que otros señalan como «curioso el apoyo repentino de muchas organizaciones a Licona, reconocido militante de Libre, incluyendo la iglesia católica».
La controversia evidencia las profundas divisiones sobre el futuro de la lucha anticorrupción en Honduras, donde la independencia institucional se convierte en campo de batalla política.
