Tegucigalpa, Honduras. – El abogado Oliver Erazo cuestionó con dureza la reciente declaración del Ministerio Público (MP) sobre la inminente presentación de requerimientos fiscales contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, a quienes el ente fiscal acusa tras la supuesta inadmisibilidad de un antejuicio por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para Erazo, esta maniobra no solo carece de sustento jurídico, sino que representa un “comportamiento terco, sin argumento ni fundamento”, cuyo verdadero objetivo no es garantizar elecciones transparentes —como afirmó el vocero Yuri Mora—, sino neutralizar a las autoridades electorales.
“Advertíamos que este iba a ser el final de la solicitud de antejuicio, porque esto es, a todo juicio, la instrumentalización de los órganos operadores de justicia para neutralizar a los órganos electorales”, afirmó.
Erazo fue aún más contundente al señalar que el MP “está siendo instrumentado en contra de los intereses de la sociedad hondureña”. Según su análisis, la persecución penal contra los magistrados viola el principio republicano de democracia representativa y convierte a la seguridad pública en una herramienta de intimidación política.
“Están ingiriendo desde la seguridad pública, desde ese rango constitucional, para tratar de infundir miedo a través de la persecución penal”, denunció, al subrayar que atacar a dos funcionarios del TJE no fortalece la democracia, sino que la debilita en plena recta final electoral.
Para el jurista, lo que ocurre no es un simple conflicto institucional, sino un intento de desmontar la autonomía del sistema electoral bajo el disfraz de la legalidad. Y en ese escenario, advirtió, quien pierde no es un partido, sino el Estado de derecho.
