Ginebra. – Estados Unidos ha creado un esquema de externalización migratoria que involucra a al menos otros 35 Estados, mediante el cual ha expulsado hacia terceros países a alrededor de 23.000 personas, denunciaron este lunes expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.
En un comunicado conjunto, veintitrés relatores y otros expertos advirtieron que este esquema expone a miles de migrantes al riesgo de sufrir tortura, persecución y otras violaciones de derechos humanos, aunque no especificaron en qué periodo se produjeron esas 23.000 expulsiones.
Acuerdos «fuera de la supervisión democrática»
Según los firmantes, los acuerdos suscritos por países de todo el mundo «para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos» violan el principio de no devolución. «Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos», señalaron los expertos.
Entre los países implicados en este esquema figuran varias naciones latinoamericanas: Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Llamado a suspender los acuerdos de inmediato
Los expertos, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, exhortaron a los países señalados a suspender de inmediato estos acuerdos y a restablecer el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.
De acuerdo con la denuncia, algunos de estos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal seguida de una nueva expulsión hacia un tercer país, lo que en ocasiones implica presiones y amenazas a los migrantes para que soliciten regresar a su territorio de origen, pese a los riesgos que ello podría representar para su protección.
El impulso de Trump a las deportaciones aceleradas
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha buscado suscribir este tipo de acuerdos como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones, una de sus promesas de campaña.
La semana pasada, el Gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando migrantes hacia terceros países distintos a sus lugares de origen, después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva la decisión de un juez federal de Boston que frenaba las deportaciones rápidas hacia terceras naciones.
