Tegucigalpa, Honduras. — «Este país es inseguro, en el área urbana y en el área rural». La afirmación de Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la UNAH, resume la lectura que hace la academia sobre la masacre registrada en el sector de Rigores, en Trujillo, Colón, donde más de 10 personas fueron asesinadas. Para la experta, el hecho no es un incidente aislado: envía un mensaje directo de inseguridad a nivel nacional.
Ayestas calificó como «lamentable» lo ocurrido y advirtió que eventos de esta magnitud pueden profundizar la percepción de temor en la población. Más allá del impacto inmediato, subrayó que este tipo de hechos representa un «problema de emergencia en materia de seguridad» que requiere respuestas institucionales coordinadas y efectivas.
Frente a la necesidad de esclarecer los hechos, la directora del ONV pidió la conformación de un equipo interinstitucional integrado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigación (DPI). «Es importante que se nombre el mejor equipo en materia de homicidios para una investigación transparente», afirmó, enfatizando que la calidad de la pesquisa será determinante para generar confianza en la población.
La advertencia de Ayestas incluye una alerta sobre las consecuencias indirectas de la violencia múltiple: los homicidios colectivos pueden generar efectos de réplica en otros sectores del país. Este fenómeno, documentado en estudios sobre dinámicas criminales, implica que un hecho de alto impacto puede incentivar la imitación o escalada de violencia en zonas con condiciones similares.
Mientras las autoridades policiales avanzan en las primeras diligencias, el llamado del Observatorio Nacional de la Violencia pone el acento en dos ejes: una investigación rigurosa que permita identificar a los responsables y una estrategia de seguridad que aborde las raíces de la violencia en áreas rurales y urbanas. Para Ayestas, la respuesta institucional a este caso será observada como un indicador de la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad organizada en territorios históricamente vulnerables.
