Tegucigalpa, Honduras. — El Congreso Nacional hondureño atraviesa una profunda crisis institucional luego que el pleno de diputados opositores aprobara este martes dejar sin efectos jurídicos la conformación de la Comisión Permanente, en un acto que evidencia la fractura entre la mayoría legislativa y la Junta Directiva que preside Luis Redondo.
La sesión extraordinaria, que originalmente estaba programada para desarrollarse en los bajos del edificio del Congreso Nacional, tuvo que trasladarse a las instalaciones de la iglesia Vida Abundante en la colonia Las Colinas de la capital, después que manifestaciones de aportantes de la financiera Koriun Inversiones impidieran el acceso al recinto legislativo.
La legisladora Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), asumió la presidencia por ley de la sesión extraordinaria, mientras que su colega Maribel Espinoza ejerció como secretaria y presentó el dictamen central que cuestiona la legalidad de las acciones tomadas por la directiva del Congreso.
Falta de eficacia jurídica
Según argumentó Espinoza durante la lectura del dictamen, la instalación de la Comisión Permanente carece de eficacia jurídica al contravenir una resolución previamente emitida por la mayoría de diputados en la primera sesión extraordinaria celebrada la semana anterior.
«Queda improbada la decisión de conformar e instalar una comisión permanente porque desconoce las facultades y resoluciones del pleno del Congreso Nacional», manifestó la diputada Espinoza ante los más de 70 parlamentarios presentes.
La legisladora fue enfática al advertir que los actos realizados por la Junta Directiva del Congreso Nacional implican responsabilidad penal, y enfatizó que el pleno legislativo no puede ver suplantadas sus atribuciones por decisiones unilaterales de la directiva.
Denuncia internacional
En un giro que internacionaliza el conflicto institucional hondureño, los diputados opositores determinaron notificar las irregularidades a organismos internacionales y entidades nacionales de alto nivel.
Espinoza detalló que las denuncias serán presentadas formalmente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las misiones de observación acreditadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), además del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Ministerio Público, fundamentándose en el artículo 269 del Código Procesal Penal.
Para ejecutar esta estrategia, la sesión extraordinaria aprobó la conformación de una comisión especial integrada por nueve diputados: Jhosy Toscano, Maribel Espinoza, Fátima Mena, Merary Díaz, Suyapa Figueroa, Johana Bermúdez, David Manaiza, Claudia Ramírez y Francis Argeñal.
Amplias facultades
Esta comisión especial recibió amplias facultades para actuar en múltiples frentes. Está autorizada para realizar gestiones diplomáticas ante la comunidad internacional sobre lo que califican como violaciones flagrantes a la Constitución de la República que ponen en precario la democracia y el Estado de derecho.
Asimismo, podrá coordinar con organizaciones de la sociedad civil nacional para proteger la institucionalidad democrática, ejercer acciones legales ante autoridades competentes, y comparecer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ejercer la acción de competencia con otros poderes del Estado o resolver conflictos internos del Congreso Nacional.
Antejuicio en la mira
En otro punto relevante de la sesión, el diputado nacionalista Mario Pérez presentó una moción exhortando a dejar sin efecto el nombramiento de jueces designados para conocer la solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
Este tema se suma a la larga lista de conflictos institucionales que han marcado el actual periodo legislativo, evidenciando las tensiones entre diferentes sectores políticos respecto a la conducción de procesos electorales y la administración de justicia.
«Libre abusa», acusa oposición
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, acusó directamente al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) de abusar de su posición al instalar una Comisión Permanente que, según sostiene, ahora queda sin valor tras la votación mayoritaria de este martes.
«El pleno del Congreso Nacional es el que manda y este está representado en la mayoría de diputados que participaron este día en la sesión extraordinaria», enfatizó Zambrano, dejando claro que consideran que la legitimidad reside en la voluntad de la mayoría legislativa y no en las decisiones de la Junta Directiva.
Prórroga y convocatoria
La diputada Espinoza anunció que se notificará oficialmente esta resolución a la Junta Directiva del Congreso Nacional, exhortándola a convocar a sesiones ordinarias en virtud de la prórroga del periodo legislativo que se extiende hasta el 20 de enero de 2026.
La iniciativa fue aprobada mediante dispensa de dos debates, recibiendo el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión extraordinaria realizada en las instalaciones religiosas.
El conflicto institucional abre interrogantes sobre la gobernabilidad legislativa en Honduras y la capacidad de los diferentes sectores políticos para alcanzar consensos en un año electoral que se perfila cada vez más tenso y polarizado.
