Tegucigalpa – Un juez especializado en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó medida de detención judicial contra una mujer que ejercía como secretaria municipal, implicada en irregularidades relacionadas con la emisión de constancias de vecindad destinadas a la actualización fraudulenta de domicilios electorales.
La imputada, identificada como Marelyn Mercedes Rodríguez Escalante, enfrenta acusaciones por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos, otros delitos electorales y violación a los deberes de los funcionarios.
La decisión judicial fue tomada durante una audiencia de declaración de imputados donde se evaluaron los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.
La autoridad judicial programó la audiencia inicial para el miércoles 14 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana, en la cual se determinará si el caso avanza a la siguiente fase procesal.
Según las investigaciones preliminares, Rodríguez Escalante se desempeñaba como secretaria municipal de la alcaldía de San Antonio de Oriente, y entre julio y agosto de 2024, habría extendido al menos diez constancias de vecindad a personas residentes en el municipio de Tatumbla, documentos que no correspondían a su jurisdicción administrativa.
Los hallazgos de las autoridades revelan que las víctimas habrían sido inducidas a cambiar su domicilio electoral bajo promesas de ayuda económica o beneficios por parte de activistas políticos, configurando un posible esquema de manipulación del censo electoral con fines partidarios.
Este caso se enmarca en las investigaciones que las autoridades hondureñas desarrollan para garantizar la transparencia del proceso electoral de cara a los comicios generales de noviembre próximo, donde la integridad del padrón electoral resulta fundamental para asegurar la legitimidad de los resultados.
La emisión fraudulenta de constancias de vecindad para modificar domicilios electorales constituye una práctica conocida como «turismo electoral», que busca alterar artificialmente la distribución del voto en determinadas circunscripciones para favorecer a candidatos específicos, afectando la voluntad popular expresada en las urnas.
Las autoridades han intensificado los controles y las investigaciones relacionadas con posibles delitos electorales en el contexto del proceso electoral en curso, como parte de los esfuerzos para garantizar elecciones transparentes y democráticas.
