Tegucigalpa – El Ministerio Público ha presentado un nuevo requerimiento fiscal con órdenes de captura contra ocho individuos que se aprovecharon del sufrimiento de 50 familias que perdieron a sus seres queridos en el trágico incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, un suceso que lamentablemente resultó en la pérdida de más de 107 reclusos.
Después de estas dolorosas muertes, los familiares de las víctimas presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido “Caso Pacheco Teruel y otros”.
En 2012, la sentencia determinó que el estado de Honduras debía indemnizar a cada una de las 107 familias con la suma de L. 317,289.72. Estos fondos comenzaron a ser pagados en 2017 después de que la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creara una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, la investigación del Ministerio Público reveló que 49 cheques, pertenecientes a igual número de familias, fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona que actuó con poderes que nunca otorgaron las víctimas.
Además, se detectaron inconsistencias en la documentación, como las firmas de los afectados y las huellas, así como la falta de autorización en muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP.
Esto evidenció una maliciosa conspiración por parte de algunos empleados del INP y notarios públicos, quienes ilegalmente se apropiaron del dinero destinado a las víctimas.
En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado las correspondientes órdenes de captura y continuará el juicio contra todos los imputados, acusándolos de los delitos de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
Este caso revela una flagrante violación de la confianza y la justicia, ya que un grupo de individuos sin escrúpulos se aprovechó de la tragedia para cometer actos delictivos contra las familias afectadas.
