El Salvador – Una coalición de prestigiosas organizaciones internacionales ha emitido un contundente pronunciamiento contra lo que califican como una grave violación a los derechos humanos en El Salvador, tras la detención de Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos y jefa del área de Anticorrupción de la organización Cristosal.
Según detalla el comunicado difundido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), López fue detenida el pasado 18 de mayo alrededor de las 23:00 horas por agentes de la Policía Nacional de El Salvador. Desde entonces, «le han negado el acceso a asistencia legal y a su familia, lo que genera serias preocupaciones sobre su seguridad y el debido proceso», señala el documento.
Ruth López ha destacado por su valiente labor documentando y denunciando violaciones de derechos humanos y casos de corrupción durante la administración del presidente Nayib Bukele. Su trayectoria profesional fue recientemente reconocida al ser incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de 2024 elaborada por la BBC.
Las organizaciones firmantes, entre las que figuran Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Washington Office on Latin America (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights, señalan que el estado de excepción vigente en El Salvador desde hace más de dos años «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas».
«El autoritarismo se ha acentuado en los últimos años, a medida que el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones y el Estado de derecho, y ha perseguido a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes», subraya el comunicado, que alerta sobre «el creciente clima de miedo que amenaza las libertades en el país».
Las autoridades salvadoreñas, por su parte, han negado las acusaciones, aunque no han proporcionado información detallada sobre el paradero de López ni los cargos específicos que enfrentaría.
El pronunciamiento conjunto exige la liberación inmediata de la defensora y hace un llamado al gobierno salvadoreño para que garantice su integridad física y respete su derecho al debido proceso. Asimismo, la declaración insta a «los responsables políticos estadounidenses y a la comunidad diplomática en general a que presionen al presidente Bukele para que cese todos los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos».
Entre las organizaciones firmantes del comunicado figuran también Latin America Working Group (LAWG), Seattle International Foundation (SIF), Due Process of Law Foundation (DPLF), CIVICUS Global Alliance, ARTICLE 19 México and Central America, ACTing Together Jotay Program, International Platform Against Impunity, Peace Action, American Jewish World Service (AJWS) y Human Rights First.
Este caso se suma a una creciente lista de detenciones de personas críticas al gobierno de Bukele, generando preocupación en la comunidad internacional sobre el deterioro de las garantías democráticas y los derechos fundamentales en El Salvador, país que mantiene uno de los estados de excepción más prolongados de la región latinoamericana.
