Tegucigalpa, Honduras. – La reprogramación de la audiencia de declaración de imputado contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández abrió un nuevo frente de denuncia pública, luego de que organizaciones de derechos humanos alertaran sobre presuntas amenazas e injerencias en el proceso judicial.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron atención nacional e internacional ante lo que califican como una posible interferencia en la administración de justicia.
El caso involucra al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, requerido por el Ministerio Público en un proceso que ha generado debate por sus implicaciones institucionales y por los señalamientos relacionados con presuntos ataques a la libertad de prensa.
Según el pronunciamiento, la audiencia de declaración de imputado habría sido reprogramada sin una nueva fecha definida como resultado de presiones provenientes de altas esferas del Poder Judicial.
Las organizaciones señalaron específicamente a los magistrados Mario Díaz y Sonia Marlina Dubón, a quienes atribuyen haber intervenido para favorecer el cambio en el curso de la audiencia.
ASOPODEHU y JOPRODEH indicaron además que recibieron denuncias bajo reserva de identidad, en las que se afirma que el juez que conoce la causa habría sido objeto de amenazas de muerte y advertencias de despido si no accedía a modificar el desarrollo del proceso.
De acuerdo con los testimonios recabados por ambas organizaciones, también se habría ejercido presión para convocar de manera urgente otra audiencia en un proceso distinto, relacionado con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el que participa un abogado vinculado al expediente contra el exjefe militar.
Para las organizaciones, si estos señalamientos se confirman, el caso representaría una grave afectación a la independencia judicial y un posible uso indebido de las instituciones para favorecer la impunidad.
En ese sentido, instaron al Ministerio Público a investigar de forma inmediata e imparcial las denuncias sobre amenazas contra el juez y posibles actos de obstrucción de la justicia.
También exhortaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a garantizar la independencia del operador de justicia, proteger su seguridad y asegurar transparencia en la tramitación del proceso.
Las organizaciones pidieron además esclarecer cualquier indicio de injerencia interna dentro del Poder Judicial.
El comunicado también hace un llamado a la comunidad internacional, misiones diplomáticas y organismos de derechos humanos para que den seguimiento cercano al caso, debido a su relevancia para la institucionalidad democrática y la lucha contra la impunidad en Honduras.
ASOPODEHU y JOPRODEH solicitaron al Mecanismo Nacional de Protección evaluar medidas urgentes para salvaguardar la integridad del juez y de las personas denunciantes, respetando la confidencialidad de sus identidades.
El requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández fue presentado el pasado 29 de julio ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.
Desde entonces, el expediente ha permanecido bajo atención pública por tratarse de un proceso contra un exalto mando militar y por su vínculo con señalamientos relacionados con libertad de expresión, institucionalidad y justicia.
Las organizaciones recalcaron que la credibilidad del sistema judicial dependerá de que el caso avance con independencia, transparencia y estricto apego a la ley.
“El retraso deliberado de la justicia equivale a su negación”, concluye el comunicado, en el que también exigieron tribunales “independientes, valientes y comprometidos con la verdad, no con la impunidad”.
