Managua. – Daniel Ortega asumió este lunes por quinta vez (cuarta consecutiva) como presidente de Nicaragua en medio de un extenso rechazo de la comunidad internacional a las elecciones en las que resultó reelegido el pasado noviembre y con la ausencia de la mayoría de líderes de América Latina.
Desde dentro y fuera de Nicaragua se denunció que las presidenciales no contaron con las garantías democráticas suficientes, después de que la mayoría de los candidatos opositores fueran detenidos o se exiliaran en el extranjero.
Ortega asumió el cargo un día después de que se instalara la nueva Asamblea Nacional, en la que oficialismo controla 75 de los 91 escaños.
Pocas horas antes de la toma de posesión de este lunes, la Unión Europea anunció una nueva ronda de sanciones en contra dos de los hijos de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El bloque también anunció sanciones contra miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el superintendente de Bancos de Nicaragua.
De la misma manera, el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado de EEUU anunciaron nuevas sanciones contra personas relacionadas con las fuerzas militares y policiales nicaragüenses.
En su anuncio de las sanciones, la UE habló de «un esfuerzo por socavar la democracia» por parte de los sancionados.
Ya en noviembre de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) había emitido una declaración, firmada por 25 de los 34 países miembros de la organización, rechazando la cuarta elección consecutiva de Ortega luego de advertir que las elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».
Poca asistencia
Medios locales de oposición, como La Prensa, aseguraron que la cuarta posesión consecutiva de Ortega, celebrada en la plaza de la Revolución en Managua, había sido la de menor asistencia hasta el momento.
Los únicos mandatarios regionales que asistieron al evento fueron el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, quien arribó en horas de la mañana a la capital nicaragüense; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el saliente presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En medio de la polémica generada sobre la legitimidad de las elecciones en el país centroamericano, otros gobiernos de izquierda de la región, como el de Argentina y el de México, enviaron representantes diplomáticos a la toma de posesión.
Días antes de la ceremonia, la cancillería mexicana que dirige Marcelo Ebrard había anunciado que no enviaría representantes a la toma de posesión de Ortega.
Sin embargo, en su espacio matutino con la prensa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no sólo anunció que enviaría al actual encargado de la embajada en el país, sino que además anunció el nombre de quien será el nuevo embajador de México en Managua.
De la misma manera, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina anunció pocas horas antes del evento que enviaría a un representante de la embajada en Managua.
Ataque a Estados Unidos
En su discurso de juramentación, Ortega exigió al presidente de EEUU la liberación de los 700 presos políticos que, según él, hay en las cárceles estadounidenses, en referencia a los seguidores de Donald Trump que asaltaron al Congreso el 6 de enero de 2021.
Según destaca el diario La Prensa, Ortega «no hizo referencia alguna sobre los más de 160 encarcelados políticos en Nicaragua».
También pidió el fin del bloqueo a Cuba y de las sanciones en contra Venezuela.
Y se refirió al reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas de su país con China y a los acuerdos de «cooperación y comercio» firmados por su hijo con el enviado especial de Pekín.
Otras latitudes
Otros países que enviaron delegaciones, según informó el gobierno nicaragüense, fueron Belice, Honduras, China, Irán, Palestina, la República Árabe Saharaui, Rusia, India, Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, Angola, Siria, Turquía, Bielorrusia, Egipto, Malasia, y Yemen.
En el caso de la delegación china, el enviado del gobierno de Xi Jinping fue el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Cao Jianming.
Cao también fue sancionado por EEUU hace un año por su rol en la persecución de manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar en Hong Kong en 2020.
