Tocoa, Colón. – Una jueza otorgó este jueves la medida de arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024.
La resolución sustituye la prisión preventiva que enfrentaba el exfuncionario, quien ahora continuará el proceso judicial desde su vivienda mientras avanzan las diligencias en su contra.
La defensa de Fúnez solicitó la revisión de las medidas cautelares bajo el argumento de que el exalcalde presenta problemas de salud.
También sostuvo que su permanencia en un centro penitenciario representaba un riesgo debido a su condición médica y su edad.
Tras valorar esos planteamientos, la jueza decidió modificar la medida cautelar e imponer el arresto domiciliario bajo las restricciones establecidas por el tribunal.
La decisión fue cuestionada por la representación legal de las víctimas.
La abogada Kimberly Andino, apoderada del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, calificó la resolución como “lamentable” y consideró que no guarda proporción con la gravedad de los delitos imputados.
Andino recordó que Fúnez enfrenta cargos por el asesinato de Juan López y por el delito de asociación para delinquir.
En ese sentido, advirtió que el cambio de medida cautelar podría representar un riesgo para la familia del ambientalista y para los integrantes del comité defensor del territorio.
La representante legal anunció que continuarán impulsando las acciones judiciales correspondientes para solicitar una nueva revisión de la medida.
Asimismo, aseguró que permanecerán atentos al desarrollo del proceso, que aún debe avanzar hacia la audiencia preliminar y posteriormente al juicio oral y público.
El caso contra Adán Fúnez continúa bajo observación de organizaciones sociales y defensores del ambiente, debido al impacto que tuvo el asesinato de Juan López y al reclamo de justicia de sus familiares y compañeros de lucha territorial.
La modificación de la medida cautelar abre una nueva etapa en el proceso, marcada por el debate entre los argumentos de salud presentados por la defensa y las preocupaciones de las víctimas sobre seguridad, proporcionalidad y acceso a justicia.
