Colón, Honduras. — «No le puedo decir qué es lo que pasó. Solamente ellos saben». La frase de Armando Suchite, padre de dos de las 19 personas asesinadas este jueves en una finca del Caribe hondureño, resume la impotencia de una comunidad que no encuentra explicación para una matanza perpetrada por hombres armados vestidos con uniformes policiales. Sus hijos, Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, fueron asesinados en la madrugada mientras se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana, como lo hacían cada día.
Para Armando, de 55 años, no hay dudas sobre el perfil de sus hijos: eran jóvenes «humildes» y «bien tranquilos», dedicados únicamente al trabajo agrícola. «Mis hijos trabajaban allí en esa finca por un salario que les pagaban; no eran socios, solo eran trabajadores», insiste el padre, quien explica que la familia es originaria del departamento de Yoro, en el norte del país. Elmer deja dos niñas pequeñas; Wilmer tenía otra hija.
Mientras avanza la jornada, familiares, vecinos y miembros de iglesias evangélicas se congregan en el patio de la vivienda de la familia Suchite para orar y preparar alimentos para el velatorio. Entre ellos está Cristina García, de 53 años y madre de los jóvenes asesinados, en medio de la consternación que sacude a esta comunidad en la colonia Nueva Vida, en el departamento de Colón. Varios de los cuerpos ya han sido velados en ataúdes sellados, incluso con clavos, como medida de seguridad sanitaria.
Elmer y Wilmer Suchite serán sepultados en la mañana del viernes en el cementerio de la comunidad de Rigores, el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Pero el luto en Nueva Vida es colectivo: varias familias lloran a las víctimas de una masacre ocurrida en una región donde las disputas de tierras han dejado cerca de 200 muertos en las últimas décadas.
El conflicto en Colón se originó tras la venta de tierras —otorgadas originalmente a labradores mediante una reforma agraria hace medio siglo— a grandes empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos. Según autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado en los últimos años por la infiltración de grupos criminales, políticos y el narcotráfico.
En 2022, el Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro creó una comisión especial para buscar una solución pacífica en Colón, principalmente en lo que se conoce como el valle del Aguán, pero los esfuerzos han resultado infructuosos. Hoy, con 19 familias en duelo y una comunidad bajo zozobra, la pregunta que queda flotando es si las instituciones del Estado podrán ofrecer respuestas que vayan más allá del operativo inmediato y aborden las raíces de una violencia que lleva años cobrando vidas en silencio.
