Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) enfrenta una encrucijada financiera y legal tras el fallo que ordena el pago de pensiones a maestros jubilados bajo la Ley de 1980.
El comisionado Héctor Díaz ha revelado la necesidad de consultar a la Corte Suprema de Justicia antes de ejecutar la resolución, debido a las significativas implicaciones financieras que podría tener para la institución.
La situación se torna más compleja al existir aproximadamente ocho mil docentes jubilados que actualmente reciben pensiones bajo la ley del 2012, pero que iniciaron sus cotizaciones con la normativa de 1980.
Esta realidad plantea serios dilemas administrativos y legales, incluyendo la posibilidad de congelar pensiones actuales o solicitar devoluciones de beneficios.
Díaz advierte sobre un posible colapso institucional si se requiere ajustar las pensiones según las solicitudes individuales de los maestros, estimando que los costos podrían alcanzar los 30 mil millones de lempiras.
«Eso nos triplicaría el déficit y no podríamos resistir el colapso de la institución», señaló el comisionado.
El fallo judicial establece que INPREMA debe desarrollar un plan financiero y un programa presupuestario específico para realizar estos pagos.
Sin embargo, la institución busca clarificación sobre si este plan debe basarse en la asignación financiera disponible o en las solicitudes recibidas, una distinción crucial para la viabilidad del sistema de pensiones magisterial.
Esta situación pone de manifiesto la delicada balanza entre los derechos adquiridos de los docentes jubilados y la sostenibilidad financiera del sistema de previsión social del magisterio hondureño.
