Tegucigalpa, Honduras. – El caso Pandora II volvió al debate público tras el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, una resolución que cerró, al menos en primera instancia, la acusación por fraude y lavado de activos presentada por el Ministerio Público.
La causa tuvo su origen en octubre de 2023, cuando el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa.
Ambos fueron acusados por fraude. En el caso de Hernández Alvarado, la Fiscalía también le imputó lavado de activos por más de 62 millones de lempiras, como parte de una ampliación del expediente conocido como Pandora II.
La acusación incluyó además al extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, por fraude; al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; a los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; al exdirector de Presupuesto de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona; y al exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
Estos últimos fueron señalados por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
De acuerdo con la investigación de UFERCO, entre 2010 y 2013 se habría estructurado una red de corrupción para ampliar, aprobar y desembolsar fondos públicos por más de 288 millones de lempiras hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Según la tesis fiscal, los recursos habrían sido movilizados desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
En el caso de Hernández Alvarado, la acusación sostenía que parte de esos fondos públicos habrían sido utilizados para financiar su campaña política, mediante supuestos artificios como empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios.
La Fiscalía afirmó que el dinero habría llegado a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, así como a la sociedad mercantil “La Cachureca” y a gerentes de campaña departamentales.
Respecto al expresidente Porfirio Lobo Sosa, UFERCO sostuvo que tuvo participación directa en las ampliaciones presupuestarias, al autorizar traslados de fondos de una secretaría a otra para facilitar desembolsos hacia las fundaciones señaladas.
Las investigaciones también indicaban que desde Sefin se aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fue transferida a la fundación Todos Somos Honduras.
El caso Pandora II fue presentado como una ampliación de una de las investigaciones de corrupción más conocidas del país. Sin embargo, en la resolución más reciente, el juez de letras dictó sobreseimiento definitivo a favor de Hernández Alvarado, al considerar que no se comprobó la trazabilidad del dinero hacia la campaña política, según informó el Poder Judicial.
