Nueva York – El gobierno pide mantener la fecha de conferencias programadas en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández alias JOH para el 29 de junio y si es posible en esa misma fecha se celebre la conferencia no clasificada.
“Las demoras del acusado Juan Orlando Hernández ponen en peligro la fecha del juicio del 18 de septiembre de 2023”, dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, (el gobierno), en una nota enviada al juez Kevin Castel el 21 de junio de 2023.
Alegan que no proporcionar una notificación lo suficientemente detallada con suficiente antelación al juicio, para implementar los procedimientos de Classified Information Procedures Act (CIPA), retrasa el proceso.
Esto porque la defensa del expresidente Hernández no proporcionó notificación oportuna a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
“Hasta la fecha, ninguno de los demandados proporcionó la notificación de la Sección 5″.
La demora del acusado Juan Orlando Hernández estanca el proceso de CIPA, dice el gobierno.
Y lo lamentan, porque es un proceso con importantes requisitos legales que, “necesariamente implicará una coordinación sustancial entre el gobierno y las partes”.
En ese sentido, sugieren que para que las partes se preparen para el juicio, mantener la seguridad de testigos y garantizar que la fecha del juicio del 18 de septiembre de 2023 sea factible, la Corte programe una conferencia no clasificada y abordar estos plazos.
En esa audiencia piden que participen todos los abogados de los acusados, a fin de abordar los problemas de programación establecidos.
La audiencia programada para el 29 de junio de 2023, dice el gobierno que proceda conforme lo programado.
Pero además, el gobierno pide que se le permitan 30 días, hasta el 11 de agosto de 2023, para responder a cualquier notificación de las defensas.
“El gobierno estará preparado para abordar cualquier asunto que el Tribunal desee abordar en la audiencia clasificada del 29 de junio de 2023.
La preocupación del gobierno es que el volumen de pruebas clasificadas producidas a los acusados, les llevará un largo tiempo y temen afectará la fecha del juicio establecida.
“Dada la naturaleza y el volumen del material clasificado, en la medida en que el demandado Juan Orlando Hernández proporcione notificación de la Sección 5 de la CIPA, la respuesta del Gobierno, podría ser sustancial y requieren una coordinación significativa con los departamentos o agencias pertinentes”, advierten.
Además, refieren que solo después de que el gobierno evalúe y responda cualquier notificación, el tribunal estará en condiciones de celebrar una audiencia.
De esa manera tomará todas las determinaciones relacionadas con el uso, relevancia o admisibilidad de la información clasificada que de otro modo se haría durante el juicio o los procedimientos previos al juicio.
El hecho que con antelación lo hagan las defensas es para que los acusados decidan qué evidencia es relevante, qué material y, que puede ser admisible.
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, es incluido en el juicio conjunto que se programa en Nueva York, en septiembre.
La audiencia, debe celebrarse a puerta cerrada, el demandado expondrá por qué la información clasificada que pretende revelar es pertinente y admisible.
El gobierno tiene la oportunidad de impugnar la solicitud por motivos probatorios, así como la pertinencia.
Después de esa audiencia, el tribunal establecerá por escrito su resolución en el juicio conjunto contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos “El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda.
Tras el fallo escrito del tribunal sobre una moción del gobierno, en la medida en que el juzgado autorice a la defensa a revelar cualquier material clasificado en el juicio.
El gobierno tiene derecho a solicitar que “en lugar de dicha información clasificada específica”, el Tribunal ordene sustituciones de esa información clasificada”.
Sin embargo, también el gobierno advierte que puede presentar “una declaración jurada del Fiscal General que certifique que la divulgación de información clasificada causaría un daño identificable a la seguridad nacional de Estados Unidos y que explicaría por qué se clasifica dicha información.
En resumen, urge que se notifique la defensa del expresidente para completar el proceso y por eso es necesaria una coordinación sustancial con los departamentos o agencias relevantes.
“Dada la complejidad y alcance de los posibles temas de fondo y la coordinación correspondiente el Gobierno solicita 30 días, hasta el 11 de agosto de 2023, para responder”, señala.
La audiencia clasificada el 29 de junio de 2023, piden se mantenga, pero clave será la programación de una conferencia no clasificada esa misma fecha, o tan pronto como sea posible después, para abordar el cronograma.
Las presentaciones previas al juicio sin clasificar de los acusados vencen el 23 de junio de 2023, la conferencia previa al juicio final está programada para el 13 de julio de 2023, y las producciones del gobierno vencen el 20 de julio de 2023.
