Tegucigalpa. – Honduras no participó en el proceso de toma de decisiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la extensión por dos años del mandato del Grupo de Expertos para continuar su investigación sobre las violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua.
El Grupo de Expertos encargado de investigar las vulneraciones de las libertades fundamentales en Nicaragua desde el inicio de la crisis social y política en 2018 recibió la aprobación del Consejo de Derechos Humanos para una resolución que amplía su trabajo por dos años más.
Con 21 votos a favor, 5 votos en contra (China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones (incluyendo a Honduras), la resolución, que debió ser sometida a votación a pedido de la delegación cubana, fue aprobada. aprobado.
El último informe de los expertos, presentado en la presente sesión del Consejo, condenó al régimen de Daniel Ortega por cometer crímenes de lesa humanidad contra una parte de la población del país con fines políticos. El grupo de expertos, que incluía al alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Lvarez y la colombiana ngela Buitrago, hizo esta afirmación.
Para lograr justicia para las víctimas, la sociedad civil cree que el trabajo de este equipo de expertos, que recopila meticulosamente evidencia de violaciones de derechos humanos e intenta asignar culpas, es crucial.
La resolución también abordó otros temas, como la total impunidad que rodea estos hechos y el tema de las detenciones arbitrarias y otras formas de intimidación para reprimir la disidencia.
El texto aprobado llama al gobierno de Nicaragua a tomar acciones para garantizar la imparcialidad del sistema judicial, las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad, poniendo fin a su injerencia en estas instituciones, lo que ha sido evidenciado por el encarcelamiento y deportación arbitraria de jueces. y otros funcionarios.
El Consejo exigió a Ortega que se respeten los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido su derecho a la nacionalidad, ante la expulsión de más de 220 de ellos y la retirada de la nacionalidad a más de 300 críticos del gobierno en febrero.
Pidió que se den las condiciones para que quienes deseen regresar puedan hacerlo “sin temor a nuevas represalias”.
Específicamente mencionó el caso de Alexa Alfred Cunningham, defensora de los derechos indígenas, a quien se le prohibió regresar a Nicaragua en febrero pasado por órdenes del gobierno a pesar de haber asistido a una reunión de un grupo de expertos de la ONU de la que Nicaragua es miembro. en Ginebra
El Consejo también ha instado a Nicaragua a cooperar plenamente con la Oficina de Derechos Humanos y todas las agencias de la ONU que trabajan en esta área, en particular otorgándoles acceso sin restricciones a la nación ya los centros de detención.
