Juticalpa, Olancho. – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en Juticalpa, Olancho, a una mujer y a su compañero de hogar, por suponerlos responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual comercial agravada y obligación de realizar actividades ilícitas.
La operación fue ejecutada por funcionarios del Departamento de Delitos Especiales (DDE) en la colonia Sosa Lobo, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 26 de mayo por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Los detenidos fueron identificados únicamente como un hombre de 48 años, de oficio guardia de seguridad, y una mujer de 52 años, ambos originarios y residentes en el municipio de Juticalpa.
De acuerdo con las diligencias investigativas desarrolladas por la DPI, la víctima, una niña que actualmente tiene 12 años, presuntamente era sometida a explotación sexual comercial desde que tenía ocho años de edad.
Según la investigación, los sospechosos supuestamente la ofrecían a diferentes hombres a cambio de pagos que oscilaban entre 2,000 y 3,000 lempiras por semana.
Las indagaciones también señalan que la menor habría sido trasladada hacia los departamentos de Choluteca y La Paz con fines de explotación sexual.
Además, los agentes investigan señalamientos contra el padrastro de la víctima, quien presuntamente habría cometido abusos sexuales en su contra.
La DPI indicó que el hombre también le conseguía trabajos como empleada doméstica y se apropiaba del dinero que la menor obtenía por esas labores.
Tras varios meses de seguimiento y recopilación de elementos probatorios, los investigadores fortalecieron el expediente que permitió a las autoridades judiciales emitir la orden de captura contra ambos sospechosos.
Durante el operativo, los agentes también rescataron a un niño de ocho años, quien presuntamente se encontraba en condición de vulnerabilidad.
Ante esa situación, se activaron de inmediato los protocolos de protección correspondientes.
Ambos menores fueron puestos bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), institución encargada de garantizar su atención integral, proteger sus derechos y brindar acompañamiento especializado.
Las autoridades reiteraron que el caso continuará bajo investigación, mientras los detenidos serán remitidos al proceso judicial correspondiente para responder por los delitos que se les imputan.
El caso vuelve a colocar en evidencia la urgencia de fortalecer la protección de la niñez frente a redes, entornos familiares o personas que puedan aprovechar condiciones de vulnerabilidad para cometer delitos de explotación.
