El Parlamento Europeo emitió el jueves una resolución en la que condenó un intento de golpe de Estado en Guatemala y pidió que se respeten los resultados electorales.
Por AP
La fiscalía guatemalteca mantiene una arremetida contra el proceso electoral intentando anular las elecciones y contra el presidente electo Bernardo Arévalo, quien ganó el balotaje del 20 de agosto con 60,9 % de los votos.
Por una abrumadora mayoría de 432 votos a favor, nueve en contra y 39 abstenciones la resolución del Parlamento Europeo exigió “el respeto a la voluntad democrática de los guatemaltecos” y pidió “sanciones contra actores antidemocráticos”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, el diputado Jordi Cañas, quien también fue jefe de la misión de observación electoral en el país centroamericano.
La resolución también reclamó sanciones para quienes obstaculizan la democracia y pidió al Consejo de la Unión Europea medidas restrictivas como inmovilización de activos y la prohibición de viajar para la fiscal general Consuelo Porras, sus fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
La solicitud de sanciones también incluye al juez Fredy Orellana quién lleva el control jurisdiccional de los casos contra el proceso electoral, por “instrumentalizar sistemáticamente el Poder Judicial para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
“Esta resolución… demuestra que los partidos mayoritarios de la Unión Europea entienden que en Guatemala está ocurriendo un intento de golpe de Estado y están dispuestos a promover medidas firmes para frenarlo”, dijo a The Associated Press Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, una de las entidades que solicitó las sanciones a la UE.
Pappier explicó que la resolución pide sanciones individuales contra los jueces y fiscales “responsables de los ataques contra la democracia, pone la atención en la respuesta a esta crisis por parte del presidente Alejandro Giammattei, las altas cortes, el Congreso y el sector privado, y recuerda que el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica exige un respeto a la democracia”.
La fiscalía dirigida por Porras investiga un supuesto fraude electoral e irregularidades en la compra de un software de conteo paralelo y rápido de los resultados de las elecciones, así como a los magistrados electorales y a más de 125.000 ciudadanos que recogieron, contaron y resguardaron los votos en las elecciones.
La resolución llega después de que Curruchiche y Morales Lazo anunciaron el 8 de diciembre en una conferencia de prensa que habían solicitado el retiro de inmunidad de Arévalo para investigarlo por lavado de dinero y falsedad de documentos en la creación del partido Movimiento Semilla que lo llevó a ganar la presidencia.
Morales entonces dijo que la fiscalía encontró irregularidades en las actas que recogieron los resultados de las elecciones y que éstas eran nulas. Las actas habían sido secuestradas por la fiscalía en allanamientos a la sede electoral cuya legalidad fue cuestionada.
En la misma tónica el 30 de noviembre 107 diputados retiraron la inmunidad de los magistrados electorales para que sean investigados por la compra del software. Tras perder la protección los magistrados abandonaron el país.
En respuesta el gobierno estadounidense anunció sanciones para 300 guatemaltecos —entre ellos más de 100 diputados, empresarios, funcionarios de gobierno y civiles— por socavar la democracia en el país e intentar desconocer los resultados electorales.
Las acciones de la fiscalía han sido criticadas a nivel nacional e internacional y llevaron a que durante 20 días miles de personas bloquearan cientos de carreteras en todo el país. El rechazo a la fiscalía llevó a que autoridades indígenas del país mantengan por 75 días protestas frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de Porras.
Giammattei por su parte, ha intentado desmarcarse de las acciones de la fiscalía y ha dicho que por ley no puede pedirle la renuncia ni despedir a la fiscal.
La Misión de Observación Electoral de UE así como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y misiones nacionales avalaron las elecciones así como sus resultados y negaron que en el país se hubiese cometido un fraude.
Porras, Curruchiche y Orellana también han sido sancionados por Estados Unidos, que les retiró la visa de entrada.
