Tegucigalpa, Honduras.— El Partido Nacional contraatacó este viernes las denuncias de irregularidades electorales con una estrategia dual: amenazar con demandas judiciales a quienes cuestionen la transparencia del proceso y acusar al Partido Libre de sumarse a lo que calificó como una «narrativa tóxica» promovida por el candidato liberal Salvador Nasralla.
La diputada María Antonieta Mejía, en una conferencia de prensa que marcó el tono más agresivo del nacionalismo desde el inicio del escrutinio, advirtió que su partido no tolerará que se instale la percepción de fraude simplemente porque el resultado favorece a su candidato Nasry Asfura.
«Pretenden instalar la idea de fraude sólo porque el proceso no le es favorable», disparó Mejía, en una declaración que ignora las múltiples denuncias técnicas sobre el funcionamiento del sistema TREP y las irregularidades documentadas en actas electorales.
La congresista nacionalista elevó la apuesta al anunciar que su partido prepara acciones legales contra cualquier persona que «promueva acusaciones falsas, incite a la violencia electoral y atente contra la institucionalidad electoral», una amenaza que podría dirigirse tanto contra Nasralla como contra el consejero del CNE Marlon Ochoa, ambos autores de denuncias públicas de manipulación.
Mejía acusó específicamente a sectores de Libre de abandonar su postura inicial de observación para «sumarse a la narrativa tóxica» de Nasralla, en referencia a declaraciones recientes de funcionarios oficialistas que han cuestionado el manejo del escrutinio por parte de Grupo ASD y las consejeras nacionalistas del CNE.
«Es grave que algunos líderes y miembros del Partido Libertad y Refundación se quieran sumar a la narrativa alimentada de sospechas sin pruebas y envenenando el proceso electoral», señaló, sugiriendo que existe una alianza táctica entre Libre y el liberalismo para deslegitimar la victoria nacionalista.
La diputada defendió férreamente a las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López, afirmando que han cumplido su labor «con integridad, compromiso y rigor», pese a que el proceso ha estado marcado por retrasos inexplicables, oscilaciones en resultados y dos apagones del sistema de transmisión.
En un giro retórico, Mejía calificó las críticas a Hall y López como «violencia política», apropiándose de un concepto diseñado para proteger a mujeres en política de ataques por razón de género, pero aplicándolo ahora para blindar de escrutinio a funcionarias electorales cuestionadas por su desempeño técnico.
«Atacar a las consejeras e insinuar falta de transparencia y responsabilizarlas por los retrasos administrativos constituyen violencia política», advirtió, estableciendo que cualquier crítica al manejo del CNE podría ser judicializada bajo esta figura.
La estrategia nacionalista busca invertir la narrativa: de ser el partido beneficiado por supuestas irregularidades, pasa a presentarse como víctima de una campaña de desprestigio orquestada por perdedores que no aceptan el veredicto popular.
Mejía cerró su intervención con un mensaje directo a Libre: «Exigió que cese las acusaciones porque no se gana con narrativas ni con tener boca», una frase que paradójicamente describe exactamente la estrategia que el Partido Nacional está desplegando en este momento.
El contraataque nacionalista llega en un momento crítico del escrutinio, con Asfura manteniendo una ventaja de 20,000 votos sobre Nasralla cuando falta procesar el 12.19% de las actas, muchas de ellas provenientes de departamentos urbanos donde históricamente el liberalismo tiene mejor desempeño.
Las amenazas legales del Partido Nacional podrían tener un efecto inhibidor sobre denunciantes y observadores que documenten irregularidades, creando un clima donde cuestionar el proceso electoral se convierte en un riesgo jurídico en lugar de un ejercicio democrático legítimo.
Hasta el momento, Libre ha mantenido una postura ambigua: algunos funcionarios como el consejero Marlon Ochoa han denunciado irregularidades y hablado de «golpe electoral», mientras que la cúpula del partido —Manuel Zelaya y Xiomara Castro— ha guardado un silencio estratégico que podría interpretarse como aceptación tácita del resultado.
