Tegucigalpa, Honduras.— La batalla legal por los resultados de las elecciones primarias del 30 de noviembre escaló este domingo cuando el Partido Nacional presentó un recurso formal para detener la petición de nulidad del escrutinio presidencial que Libre interpuso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El abogado constitucionalista Leonel Núñez, quien dirige el Comité Departamental del partido azul y blanco, encabeza esta ofensiva legal que califica la acción del oficialismo como un «abuso» destinado a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
La estrategia del Partido Nacional apunta directamente a cuestionar la validez jurídica de la solicitud presentada por Libre, argumentando que el partido de gobierno carece de los requisitos legales indispensables para que su petición sea siquiera admitida a trámite por las autoridades electorales.
«No podemos permitir que se utilicen recursos legales para desconocer la voluntad popular ni para generar incertidumbre en el país», declaró Núñez al fundamentar su intervención en el conflicto que mantiene en vilo los resultados electorales una semana después de los comicios internos.
El constitucionalista va más allá en sus señalamientos: sostiene que Libre está intentando manipular el proceso electoral mediante herramientas judiciales carentes de fundamento, una acusación grave en el contexto de la crisis política que atraviesa Honduras.
El documento legal presentado por Núñez exige una revisión exhaustiva de todos los aspectos jurídicos que sustentan la solicitud de nulidad del oficialismo, estableciendo que cualquier resolución sobre la controversia debe ajustarse estrictamente al marco legal vigente.
El abogado nacionalista advirtió que mantendrá una supervisión permanente en cada fase del procedimiento, garantizando que los trámites respeten tanto la legalidad como los resultados oficiales, con el objetivo de evitar decisiones que comprometan la institucionalidad democrática del país.
La pelota quedó ahora en la cancha del CNE, el organismo que deberá evaluar si la petición de Libre cumple con los requisitos mínimos para avanzar en el sistema de justicia electoral o si, por el contrario, debe ser desestimada de plano.
Para Núñez, la resolución que adopte el CNE trascenderá el caso particular y sentará un precedente crucial sobre cómo se aplicará la legislación hondureña en futuras controversias electorales, definiendo además el rumbo del actual conflicto político que enfrenta al oficialismo con la oposición.
La acción legal del Partido Nacional representa un nuevo capítulo en la disputa post-electoral que mantiene a Honduras sin resultados definitivos, mientras el CNE continúa procesando miles de actas pendientes y ahora debe resolver sobre la admisibilidad de una solicitud de nulidad que podría cambiar radicalmente el panorama político del país.
