Tegucigalpa – Según el Ministro de Desarrollo Económico, el proyecto del Poder Ejecutivo para “evitar abusos fiscales” busca establecer un orden que podría asfixiar la economía del país.
En administraciones anteriores hubo anarquía sin controles fiscales, enfatizó el funcionario, pero no por eso la Ley de Justicia Fiscal, que afectará tanto a la inversión nacional como a la extranjera y debe favorecer a esta última, deba pasarse al otro extremo.
“Este decreto es más lo que perjudica, que lo que beneficia. Este proyecto no es refundar el país, es refundir el país y la economía. Estoy totalmente en contra de este proyecto”, declaró Barquero en el programa de televisión Frente a Frente de Canal 5.
Tras pronunciar estas palabras, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAR), Marlon Ochoa, aseguró que se trataba de un “discurso del Partido Nacional”, a lo que el ministro respondió que era su propia posición.
“Esto no tiene nada que ver con política, es economía básica, este proyecto no va a ayudar para desarrollar el país, si se aprueba, espero que no, en cinco años vamos a estar viendo como aumenta la pobreza, desempleo e informalidad”, comentó.
Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Ingresos (SAR), fue confrontado por Barquero, quien planteó los puntos antes mencionados. Ochoa defendió el proyecto fiscal y dijo que la presidenta Xiomara Castro lo revisó, además de señalar que es impulsado por el gobierno.
Ochoa afirmó que no cree que la inversión extranjera a base de incentivos vaya a desarrollar el país, dando a entender que todos los negocios abusan, como el abuso está en las leyes de los regímenes especiales que se crearon para otorgar exenciones e incentivos fiscales.
La junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) recibió el proyecto fiscal de manos del secretario privado presidencial Héctor Zelaya Castro y Ochoa.
Postura dividida: Ley de Justicia Tributaria
Pagar más impuestos a los que ganan más y menos a los que ganan menos es uno de los principales objetivos de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria desarrollada por el Poder Ejecutivo a través del SAR.
Al afirmar que la iniciativa de reforma “refundirá el país más que refundarlo”, Barquero afirmó que asfixiará la economía y restringirá el acceso tanto a la inversión extranjera entrante limitada como a la inversión nacional.
Además, Ochoa defendió el proyecto de ley alegando que pretende hacer justicia en la recaudación de impuestos y enfatizó que las diez familias más ricas del país apenas aportan el 0,03 por ciento de los impuestos recaudados por menos de 200 empresas.
Se derogarían las ventajas que ofrecen diez regímenes de exención fiscal y se establecerían dos nuevos regímenes de exención fiscal.
Para evitar el desvío de ganancias y el flujo de ganancias de las grandes corporaciones hacia paraísos fiscales, cambie el principio de ingresos de territorial a global.
Adicionalmente, se debe derogar la inclusión del secreto bancario para efectos tributarios en el nuevo Código Tributario a fin de evitar la legalización de la evasión fiscal y la posibilidad de condonación de deudas tributarias.
Equilibrando la lucha contra abusos fiscales y la inversión extranjera
Por su parte, Barquero afirmó que si bien apoya acabar con los abusos de exoneración, se opone a los regímenes que, a su juicio, atraen la poca inversión extranjera que ingresa a la nación.
Refutó la afirmación de Ochoa de que no generan empleo al señalar que diferentes estructuras tributarias, incluidas las de maquila, call centers y otros negocios, aportan el 20% de sus afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a lo que se refirió. como la única fuente que proporciona datos precisos sobre el empleo.
El ministro de Desarrollo Económico afirmó que “no necesitamos una nueva ley para eliminar los abusos” en las exoneraciones, indicando que está a favor de hacerlo y que su despacho está trabajando en ello con la Administración de Aduanas.
Barquero enfatizó que el proyecto de ley que suprimiría la mayoría de las franquicias “traerá más perjuicios que beneficios” a la sociedad.
Según el funcionario, si se aprueba el proyecto, “castigará la inversión y la producción”, y habrá un aumento del empleo informal en los próximos cinco años.
