Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emitió un enérgico comunicado denunciando lo que considera un intento de criminalización de la prensa por parte del gobierno, específicamente desde la Secretaría de Finanzas (SEFIN), que ha manifestado su intención de emprender acciones legales contra Radio Cadena Voces (RCV) tras la difusión de información sobre un presunto sobregiro de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República.
«El Colegio de Periodistas condena el intento de criminalización de la Secretaría de Finanzas contra RCV por denunciar el sobregiro en la Tesorería de la República», expresó el CPH a través de su cuenta oficial en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.
La organización gremial ha hecho un llamado directo a las autoridades para que respeten las garantías constitucionales que protegen la labor periodística y exige «el cese de represalias contra medios independientes», enfatizando que cualquier acción intimidatoria contra la prensa libre representa una violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución hondureña.
La situación se ha complicado en las últimas horas con la denuncia por parte de RCV de ataques cibernéticos dirigidos contra su plataforma digital, lo que ha sido interpretado por el gremio periodístico como una escalada en los intentos de silenciar al medio de comunicación.
El CPH manifestó su solidaridad específica con Dagoberto Rodríguez, presidente del Tribunal de Honor de la organización, quien estaría enfrentando acciones legales promovidas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. «Con estas acciones lo único que hacen es exhibir al país como un Estado que irrespeta las libertades», señaló el colegio profesional en su comunicado.
Esta confrontación entre el gobierno y los medios de comunicación independientes ha encendido alarmas sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras, donde el periodismo investigativo y crítico parece estar enfrentando obstáculos institucionales que, según el CPH, buscan coaccionar y limitar la labor informativa en temas sensibles relacionados con la gestión de los recursos públicos.
