Tegucigalpa – El líder del sector transporte, Wilmer Cálix, expresó su preocupación este martes al denunciar la persistencia de elevados costos por extorsión en el gremio, incluso a pesar de la vigencia del estado de excepción.
Cálix señaló que, a pesar de la dedicación de la Policía Nacional, algunas instituciones muestran una respuesta insuficiente para regular actividades ilícitas, haciendo hincapié en la venta de chips.
En una entrevista, Cálix lamentó la aparente lentitud de la Fiscalía en los procesos de judicialización, indicando que de las mil 700 capturas realizadas por la Policía Nacional, solo se han judicializado 56 casos. «La Fiscalía va lenta, vemos en los jueces que hay una negligencia para aplicar la ley», subrayó.
El dirigente del transporte destacó que, en los 28 años de lidiar con el problema de la extorsión, el sector ha experimentado más de 3 mil muertes relacionadas y ha pagado una suma asombrosa de 18 mil 600 millones de lempiras en extorsiones, la mayoría de las cuales han quedado impunes.
En relación con este tema, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó recientemente un informe titulado «Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados».
Según este informe, la extorsión en el país ha alcanzado su punto máximo en los últimos cinco años, concentrándose especialmente en los departamentos de Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán, a pesar de la implementación del estado de excepción.
El informe de la ASJ reveló que, a pesar de los esfuerzos por combatir la extorsión, las cifras han fluctuado en los últimos años. En 2018, el Barómetro de las Américas de Lapop indicó un nivel de extorsión del 8.5%, mientras que en 2022, una encuesta nacional mostró un aumento al 9%.
Aunque en mayo de 2023 se registró una disminución a 8.4%, para noviembre de ese año, la cifra volvió a subir a un 11.1%.
El informe también destacó la disminución en la confianza de la población en el proceso de denuncia, evidenciada por la reducción de las denuncias de extorsión de mil 214 en 2019 a 760 en el año 2023.
Esta tendencia sugiere un desafío adicional en la lucha contra este delito y sus impactos en la seguridad ciudadana.
