Tegucigalpa – La crisis del Consejo Nacional Electoral (CNE) alcanzó este miércoles una nueva dimensión cuando su presidenta Cossette López reveló la existencia de un sabotaje sistemático desde el interior de la institución, orquestado por personal que responde directamente al consejero Marlon Ochoa y que está paralizando deliberadamente las operaciones electorales más críticas del país.
En una denuncia que trasciende las disputas políticas para adentrarse en territorio de obstrucción institucional, López evidenció que empleados contratados por el CNE bajo la supervisión de Ochoa están ejecutando una estrategia coordinada de resistencia pasiva que amenaza con colapsar el cronograma electoral de cara a los comicios del 30 de noviembre.
«El personal contratado por el CNE, que depende del consejero Marlon Ochoa, está bloqueando todas las actividades, de tal manera que están queriendo inmovilizar el ente electoral», denunció López, describiendo un patrón de comportamiento que va desde el ausentismo disfrazado hasta la negativa abierta a cumplir con responsabilidades contractuales fundamentales.
La modalidad del sabotaje resulta particularmente sofisticada: los empleados llegan puntualmente a las instalaciones del órgano electoral, marcan su tarjeta de asistencia para registrar su presencia oficial, pero inmediatamente se ausentan de sus puestos de trabajo o se niegan a ejecutar las tareas asignadas. «El fin de semana pasado estos empleados de algunas unidades marcaron, pero no estuvieron presentes en sus sitios de trabajo», ejemplificó la consejera presidenta.
Esta estrategia de resistencia interna ha logrado paralizar procesos críticos del cronograma electoral, siendo el más sensible el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuya licitación ya había sido saboteada externamente por colectivos oficialistas el pasado lunes. López detalló que «hay otro proceso que no se pudo lanzar el pasado lunes por las tomas de los colectivos, hay enmiendas de otros procesos» que permanecen estancados por la obstrucción interna.
La consejera presidenta identificó casos específicos de funcionarios clave que han abandonado sus responsabilidades por instrucciones directas. «Cuando tenemos un funcionario de preintervención de gastos que no va a participar en nada porque se lo están instruyendo», denunció, añadiendo el caso de «una funcionaria de la unidad de compras electorales que estando presente el día lunes no cumplió con su deber y dejó a los demás asumirlo».
López calificó esta situación como una escalada que «va mucho más allá de una medida de presión de una votación 2 a 1», argumentando que los responsables «están poniendo en entredicho la democracia y que todos están desdiciendo sus deberes para los cuales firmaron un contrato». La consejera presidenta sugiere que existe una estrategia coordinada para generar el colapso institucional del CNE desde múltiples frentes.
El patrón de obstrucción se complementa con las ausencias sistemáticas del propio Ochoa, quien acumula ya tres faltas injustificadas consecutivas al pleno del CNE. «Ochoa no estuvo presente lunes, martes y miércoles, y anuncia que no va a llegar a las convocatorias de pleno», documentó López, quien cuestionó retóricamente: «¿para eso querían representación? Para imponer la verdad suya y de nadie más, para hacer prevalecer su capricho por los designios de la democracia».
En una revelación que expone la magnitud de la crisis, López admitió que el personal rebelde incluye funcionarios en posiciones estratégicas cuya paralización puede colapsar operaciones esenciales. La consejera presidenta enfatizó que «las elecciones dependen del cumplimiento de los procesos enmarcados en el cronograma electoral», procesos que ahora están siendo deliberadamente saboteados desde adentro.
La gravedad de la situación llevó a López a hacer un llamado dramático a las instituciones del Estado que aún mantienen credibilidad democrática. «Quiero apelar a esas miles de familias que tienen miembros en las Fuerzas Armadas, a esas cientos de familias que tienen personas que son funcionarios en el Ministerio Público», declaró, dirigiéndose específicamente al Fiscal General para que intervenga en lo que considera una crisis constitucional.
«Fiscal General y cuerpo militar atiendan al pueblo hondureño porque ustedes son una esperanza», clamó López, advirtiendo que estas instituciones pueden convertirse «en la esperanza del pueblo hondureño o en cómplices de derroteros menos afortunados si se siguen amparando las actuaciones que al margen de la ley están cometiendo ahora desde el interior del Consejo Nacional Electoral».
La situación se agrava porque el CNE tampoco cuenta con protección externa adecuada. López confirmó que las Fuerzas Armadas respondieron a su solicitud de seguridad remitiéndolos a la Secretaría de Seguridad, «pero ellos todavía no se han presentado, nos han negado el auxilio básicamente», dejando al órgano electoral vulnerable tanto a ataques externos como al sabotaje interno.
A pesar de que el reglamento del CNE permite sesiones de pleno con dos consejeros propietarios y un suplente, López ha mantenido una postura institucional esperando la participación de Ochoa. «Nosotros no somos dictatoriales, somos demócratas», declaró, aunque reconoce que «ya son tres ausencias injustificadas» que comprometen seriamente el funcionamiento del órgano.
La consejera presidenta sugirió que Ochoa, quien «en el pasado ha sido muy diligente», ahora enfrenta «presiones muy fuertes para realizar este bloqueo», insinuando que la estrategia de sabotaje responde a instrucciones superiores dentro del aparato oficialista que buscan colapsar el sistema electoral desde múltiples frentes simultáneamente.
El sabotaje interno del CNE representa una escalada sin precedentes en la crisis electoral hondureña, donde ahora no solo se enfrentan ataques externos de colectivos y presiones políticas, sino una guerra institucional desde adentro que amenaza con hacer imposible la celebración de elecciones creíbles en noviembre.
