Tegucigalpa, Honduras. – El Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, encendió este martes una nueva alarma sobre el legado de la administración anterior: los hospitales cuya construcción inició durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro presentan irregularidades que podrían derivar en responsabilidades penales, civiles o administrativas, según reveló el alto funcionario tras los primeros hallazgos de las investigaciones en curso.
«Los hallazgos encontrados nos llevan a profundizar las investigaciones y creemos que eso conducirá a algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa», expresó Aspra, en declaraciones que sitúan a los proyectos hospitalarios de la gestión anterior bajo el mismo escrutinio que ya enfrentan otros expedientes heredados como el caso Chequesol y los contratos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El problema central que identificó el Procurador es la falta de planificación que rodeó la edificación de esos nosocomios desde su origen: las construcciones se iniciaron sin presupuesto suficiente para completarlas, lo que coloca ahora al Gobierno del presidente Nasry Asfura ante la disyuntiva de hacer una «erogación grande» para terminarlas o dejarlas inconclusas, en ninguno de los dos casos sin consecuencias para las finanzas públicas y para los hondureños que esperan esos servicios de salud.
Pero más allá del problema presupuestario, Aspra apuntó a otro hallazgo que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya tomó bajo lupa: los costos por metro cuadrado de construcción y equipamiento no concuerdan con los de edificaciones similares.
«Vemos unos valores que no concuerdan con otras edificaciones similares, vemos construcciones que se equiparan metro de construcción y equipamiento, y vemos que son valores que no concuerdan; son valores altos que se someterán a peritaje para determinar esa situación», explicó el Procurador, en una descripción que sugiere posible sobrevaloración en los contratos de construcción que el peritaje deberá confirmar o descartar.
El TSC ya inició sus investigaciones y ha solicitado información a la PGR para avanzar en el análisis de los expedientes, en una coordinación interinstitucional que busca documentar el daño al erario antes de determinar las responsabilidades individuales de quienes tomaron las decisiones de contratación y ejecución.
La situación plantea además un desafío operativo que ninguna investigación resolverá a corto plazo: cuando los hospitales estén listos estructuralmente, el Gobierno deberá valorar si los pone a funcionar en su totalidad o por etapas, dado que la falta de planificación original también afectará el equipamiento y la dotación de insumos necesarios para su operación, en un sistema de salud que ya enfrenta la crisis del Colegio Médico por falta de presupuesto y personal suficiente para los centros asistenciales que ya están en funcionamiento.
